Una medida cautelar ordenó el cese inmediato de las fumigaciones terrestres y aéreas con agroquímicos en un megaestablecimiento productivo que afecta a comunidades rurales y originarias Qom. El fallo pone bajo la lupa los laxos controles ambientales y la histórica afinidad política entre el exgobernador y el poderoso empresario.
La Justicia Federal dictó un fallo de enorme impacto ambiental y social que sacude los despachos del poder económico y político de la región.
A través de una medida cautelar, se ordenó a la firma Unitec Bio brazo agroindustrial de la Corporación América, liderada por el magnate Eduardo Eurnekian el cese inmediato de todo tipo de fumigaciones con agroquímicos de banda toxicológica alta en los campos linderos a parajes habitados por familias criollas y de la comunidad originaria Qom.
La resolución judicial se fundamenta en las denuncias presentadas por los pobladores de la zona, quienes venían reportando severas afecciones respiratorias, de piel y la contaminación directa de sus fuentes de agua debido a las aplicaciones sistemáticas de pesticidas.
Sin embargo, más allá del impacto estrictamente ambiental, el dictamen reabre una vieja y profunda discusión en el Chaco: la responsabilidad institucional y los favores cruzados durante el mandato de Jorge Milton Capitanich, quien gobernó la provincia hasta diciembre de 2023.
La responsabilidad de Capitanich y el modelo extractivista sin control
Las tierras explotadas por el Grupo Eurnekian que hoy se encuentran bajo la lupa judicial no operaban en el vacío. Críticos, asambleas socioambientales y legisladores de la oposición han señalado de manera constante que el desembarco y la posterior expansión de estos megaestablecimientos agrícolas contaron con el explícito aval político y administrativo de la gestión de Jorge Capitanich.
Durante sus sucesivos mandatos al frente del Poder Ejecutivo chaqueño (período que concluyó a fines de 2023), se promovió un modelo de desarrollo agroindustrial basado en la flexibilización de las fronteras productivas. Las voces críticas denuncian que las áreas de contralor dependientes del Estado provincial como el Ministerio de Ambiente y los organismos de ordenamiento territorial funcionaron durante años con una alarmante laxitud, facilitando la operatividad de firmas multinacionales por encima del resguardo de la Ley de Biocidas y los derechos de los pueblos originarios.
Al dejar su cargo en diciembre de 2023, Capitanich dejó una provincia con agudos conflictos territoriales y un pasivo socioambiental que hoy la Justicia empieza a desenterrar.
Una sintonía empresarial que excedió los despachos
El trasfondo de este conflicto rural es imposible de disociar de la conocida relación de amistad y sintonía estratégica que unió históricamente a Jorge Capitanich con Eduardo Eurnekian. Esta afinidad mutua no era un secreto en los pasillos de la Casa de Gobierno; por el contrario, se tradujo a lo largo de los años en innumerables visitas mutuas, almuerzos corporativos y firmas de convenios macro de alto perfil mediático.
El entramado político-empresarial en el Chaco
La explotación agraria: Unitec Bio (Grupo Eurnekian) expandió miles de hectáreas productivas bajo el amparo de la promoción industrial local.
La sintonía Capitanich-Eurnekian: Una relación de estrecha confianza que facilitó inversiones de infraestructura, concesiones viales y aeroportuarias.
El freno judicial actual: Una cautelar frena el uso de agroquímicos por daño ambiental y sanitario a comunidades Qom y campesinas.
Para Capitanich, exhibir a Eurnekian como el "inversor modelo" en el Chaco era una de sus cartas de presentación favoritas para validar su gestión económica. Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos y las comunidades afectadas, esa relación de amistad funcionó como un virtual escudo de impunidad que mantuvo congeladas las denuncias por fumigaciones ilegales durante más de una década.
Con este revés judicial, queda en evidencia que el andamiaje protector que el poder político de la anterior gestión le garantizó al holding de Corporación América comenzó a resquebrajarse, obligando al imperio empresarial de Eurnekian a rendir cuentas ante las leyes ambientales básicas de la provincia.
