Carlos Romegialli denunció públicamente que fue contactado por los mandatarios para que abandone el hogar que habitaba desde hace 11 años. El denunciante sostiene que la intención detrás de la presión es otorgarle el inmueble a un familiar de los funcionarios.
GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN. Una grave acusación sacude el escenario político local tras la denuncia pública realizada por el vecino Carlos Romegialli, quien apuntó directamente contra las máximas autoridades de la ciudad. Según su testimonio, el diputado nacional Aldo Leiva y el intendente municipal, Mauro Leiva, lo contactaron de forma directa con el objetivo de exigirle que abandone la propiedad que habita legalmente desde hace más de una década.
Romegialli detalló que reside en dicha vivienda desde hace 11 años, cumpliendo con el arraigo y el cuidado del lugar de manera ininterrumpida. Sin embargo, afirmó que las presiones por parte del legislador nacional y el jefe comunal buscan forzar su salida inmediata para, presuntamente, reasignar el inmueble y beneficiar de forma directa a un familiar del círculo íntimo de la familia Leiva.
En el ojo de la tormenta por el manejo de viviendas
Esta nueva denuncia se suma a un tenso clima social e institucional en General San Martín, donde la gestión local viene siendo fuertemente cuestionada por el manejo de los planes habitacionales. Recientemente, concejales y vecinos denunciaron presuntos favoritismos y adjudicaciones irregulares de unidades del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) en favor de allegados y parientes del poder político local, lo que provocó que el organismo provincial iniciara auditorías y operativos de control bajo custodia policial.
El reclamo del damnificado: Según expuso Romegialli, la intimación informal y telefónica por parte de los funcionarios representa un claro abuso de autoridad y un intento de "desalojo selectivo", omitiendo los derechos adquiridos por su antigüedad en el inmueble y saltándose los canales legales correspondientes del Estado en materia de adjudicación social.
Tensión institucional en la localidad
Mientras que desde el entorno oficialista local han justificado históricamente la regularización dominial bajo sus propios criterios de preadjudicación, para la oposición y los vecinos damnificados este tipo de procederes evidencia un "tráfico de influencias y el uso del Estado en beneficio propio".
La ciudadanía de San Martín sigue de cerca el caso de Romegialli, el cual podría derivar en presentaciones formales ante la justicia ordinaria ante el temor de un desalojo forzado sin orden judicial legítima.
