Una grave denuncia sacude a la localidad de General San Martín tras conocerse presuntas irregularidades en la adjudicación de un plan de viviendas. El intendente Mauro Leiva y su padre, el diputado nacional Aldo Leiva, se encuentran en el centro de la polémica tras ser acusados de favorecer a dirigentes, amigos y parientes en la entrega de unidades habitacionales.
El caso tomó relevancia pública a través de medios provinciales y redes sociales donde hay cuestionamientos sobre el proceso de selección de beneficiarios del plan de 302 viviendas (reducido a 238 por fallas en el terreno).
El foco en los vínculos familiares: ¿Beneficio directo para el sobrino del Diputado?
Dentro del listado de adjudicatarios, el nombre que mayor revuelo ha generado es el de Alberto Javier Miner. Según las denuncias que circulan con fuerza, Miner —quien es sobrino directo del diputado Aldo Leiva— habría resultado beneficiado en un proceso que es tildado de "opaco".
El posible beneficio a Miner ha despertado la indignación de la comunidad, ya que su inclusión en la lista de adjudicatarios podría representar un caso de favoritismo familiar, dejando de lado a familias en situación crítica. La sospecha de que el vínculo sanguíneo con el legislador nacional fue el factor determinante para acceder a la vivienda, en lugar de la necesidad social, es el eje central del reclamo.
Las claves de la denuncia
Sectores de la comunidad sanmartiniana señalaron varios puntos críticos en el manejo de este complejo habitacional:
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Sorteo bajo sospecha: Aseguran que el proceso no fue público ni transparente. "El listado y supuesto sorteo se realizó en el Municipio entre unas pocas personas", denunció Galeano.
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Incumplimiento de requisitos: Mientras familiares como el sobrino de Leiva habrían sido incluidos, se denuncia que quedaron afuera familias con hijos y personas con discapacidad que esperaban su techo hace años.
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Vínculos políticos: Además de parientes, la lista incluiría a dirigentes y punteros cercanos a la gestión municipal actual.
Viviendas sin terminar y ocupaciones
El contexto del barrio es, además, precario. Las obras, que se iniciaron durante la gestión provincial anterior, se encuentran paralizadas desde agosto de 2023. Las unidades presentan las siguientes deficiencias:
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Falta de infraestructura básica: sin red de agua, luz ni cloacas.
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Muchas viviendas están en etapa de construcción y no son habitables bajo condiciones normales.
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Pese a esto, el Ejecutivo municipal habría autorizado la ocupación de algunas unidades, mientras que otras fueron tomadas ante la incertidumbre general.
La situación en General San Martín mantiene en alerta a la ciudadanía, que exige una auditoría profunda sobre el listado de beneficiarios para determinar si existió tráfico de influencias y uso del Estado para beneficiar al círculo íntimo de la familia Leiva.
