Este miércoles 19 de julio se cumplen 93 años de la masacre de Napalpí, nombre que refiere a la matanza de centenares indígenas de las etnias toba y mocoví en una toldería ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Resistencia en 1924, conocida como Cañada Mocoví y que en la actualidad se ubica la Colonia Aborigen Chaco.
El historiador y periodista Vidal Mario visitó la redacción de Primera Línea para narrar con detalles lo ocurrido en la mañana de ese fatídico 19 de julio, haciendo hincapié en la impunidad que rodea a este suceso sangriento.
Según relató, a mediados de 1924 recorrió como reguero de pólvora los diarios porteños el rumor de que la policía había incendiado una toldería en el territorio nacional del Chaco y había asesinado a un numeroso grupo de indios, sin respetar sexo ni edad.
Días después se confirmó que a unos 70 kilómetros de Resistencia, efectivamente, en las primeras horas del 19 de julio de 1924 se produjo una feroz matanza de aborígenes tobas y mocovíes.
Más adelante, se supo que la tragedia se había desencadenado cuando los indios se negaron a seguir cosechando algodón por el mísero jornal que les pagaban los terratenientes, quienes tenían como aliado al gobernador, Fernando Centeno, famoso por su altanería y porque "nunca ganó un peso honradamente".
La noticia tuvo tal impacto en el gobierno del radical, Marcelo Torcuato de Alvear, e hizo tambalear en su cargo al entonces ministro del Interior, Vicente S. Gallo.
Posteriormente, Centeno tuvo que viajar a Buenos Aires y recorrer los diarios para presentar su historia oficial. El mandatario dijo que los muertos fueron cuatro, todos ellos indios criminales que se mataron entre ellos.
A nivel distrital la realidad no fue diferente. La Justicia federal de Resistencia, por su parte, habló de sublevación. De hecho, en la carátula del expediente N° 910/24 que abrió que fue abierto el juez federal Justo F. Farías rezaba: "Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí".
En el Congreso Nacional, el bloque de legisladores socialistas asumió la responsabilidad de la investigación y las pruebas empezaron a llegar. Inclusive, llegó un frasco con las orejas y los testículos del cacique y líder de la supuesta “sublevación”, Pedro Maidana, que estaba como trofeo en la comisaría de la localidad de Quitilipi.
Pese a los operativos oficiales de ocultamiento, los legisladores no tenían duda: en el Chaco hubo una masacre de aborígenes de las etnias toba y mocoví.
Miembros del Parlamento reclamaron la renuncia del gobernador Centeno y todo su equipo, además de la conformación de una comisión investigadora para determinar la cifra exacta de muertos. Para ello, se convocó entonces a una sesión extraordinaria para interpelar al titular de la cartera de Interior. La interpelación, que duró seis horas, tuvo lugar el 4 de septiembre de 1924 en un horario atípico: comenzó a las 12 de la noche y terminó a las 6 de la mañana de ese día.
El diputado Francisco Pérez Leirós expuso una serie de "hechos que parecen propios de la pesadilla de un loco" y mostró el frasco con las orejas y los testículos del cacique Maidana. Pero todo fue inútil: las pruebas fueron desestimadas por la mayoría y la causa pasó a archivo.
Pero he aquí el detalle más indignante: según el diario Heraldo del Norte, la causa se cerró por la sencilla razón de que "las víctimas eran sólo unos míseros indios".
El cerco de la impunidad
En territorio chaqueño, el cerco de la impunidad también se fue cerrando con el correr de los días. Centeno, que continuó en su cargo sin ningún sobresalto, separó al juez que atendía el caso, Justo F. Farías, y lo sustituyó por un magistrado adicto a él: Juan Sessarego. Pero eso no terminó allí: al fiscal Jerónimo Cello lo trasladaron a la Cámara de Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, por haber tenido la osadía de reclamar que la causa no fuera archivada.
El nuevo magistrado, quien había sido "puesto a dedo” por Centeno, sobreseyó a los 80 policías que intervinieron en la matanza. Trece años después, el 6 de enero de 1937, el territorio de Resistencia denunció que todavía se paseaban por la ciudad "algunos de esos asesinos de indios hambrientos e indefensos".
Demanda de la etnia toba
En noviembre de 2004, alcanzó gran repercusión un juicio por 118 millones de dólares de la etnia toba contra el Estado argentino como reparación histórica por aquella masacre. Hasta el New York Times se hizo eco de la demanda presentada ante el Juzgado Federal de Resistencia.
En mayo del 2005, el gobierno de Néstor Kirchner rechazó la demanda en términos que los aborígenes repudiaron "por su virulencia, discriminación, racismo e inhumanidad".
Lo hizo a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo dictamen afirmaba que los tobas no constituían una etnia y que la masacre de Napalpí no podía considerarse crimen de lesa humanidad.
La demanda, similar a la presentada por la matanza de indios Pilagá en Rincón Bomba, ocurrida durante el gobierno de Perón, duerme en el Juzgado Federal de Resistencia a la espera de un denominado "juicio por la verdad".
“Al parecer, poco importa que la verdad ya salió a la luz hace más de noventa años. Este 19 de julio la impunidad por la masacre de Napalpí cumple 93 años y aún goza de buena salud”, sostuvo Vidal Mario.
Falta de reconocimiento
Para Vidal Mario, los gobiernos nacional y provincial siguen en deuda con los aborígenes en materia de reconocimiento por la masacre de Napalpí de 1924. "Pienso que tarde o temprano el gobernador Domingo Peppo anunciará en cualquier momento el llamado a concurso de escultores chaqueños para que se ejecute un monumento a los caídos de Napalpí sobre la Ruta Nacional Nº 16.
