El miércoles 26 de julio, vence el plazo para que el Ejecutivo brinde una respuesta al amparo que la Defensoría del Pueblo junto con la Apadicha presentó sobre la medida arbitraria para que se restablezcan las pensiones en un término perentorio.
“El gobierno nacional tiene que dar su contestación al respecto del corte de pensiones donde sabemos que hay varios fallos a favor de las personas con discapacidad en la Argentina, donde el estado apeló, por lo que creemos que no va a ser fácil”, dijo.
Recordó que en el país, alrededor de 100 mil de estos beneficios fueron suspendidos, mientras que un total de 80 mil están siendo estudiados para ver si se les dan de baja o no.
“Lo peor es que se hizo todo sin un estudio socio-ambiental, sin dar notificaciones y sin llamar a las personas a informarles que se les daba de baja la pensión” acotó.
“Ese es el trabajo que debe hacer el Estado. Tampoco nosotros tenemos la culpa de que quiera ahorrar el 1 por ciento del PBI a costa de la sangre y el hambre de las personas con discapacidad. El Estado tiene la obligación de mantener al ciudadano, más a este colectivo que no puede trabajar, que son indigentes y marginados. Hoy con una firma quieren volver a excluirnos. Yo creo que está mal y así creo que lo piensa la mayor cantidad de ciudadanos del país”, continuó.
Giuggia pidió a la ciudadanía a que “no se fijen si dicen que son pensionados por incapacidad y no trabajan”, teniendo en cuenta que “hay muchas personas que no se les nota la discapacidad, pero no pueden trabajar” y agregó: Con 4 mil pesos por mes no se hace historia, no se levanta un país”.
En efecto, para él el “error social” que significa la quita de las pensiones también fue seguido por otra falla del Estado, que no tiene en cuenta las dificultades para conseguir trabajo, ya que “el Estado nacional debe garantizar que se cumpla el cupo de trabajo, que es del 5 por ciento en adelante.
“Tendríamos que investigar qué porcentaje tiene las empresas privadas, los organismos nacionales y provinciales y luego investigar que la persona con discapacidad, trabaje” señaló.
Y aclaró que una persona con discapacidad tiene un 33 por ciento hacia delante de discapacidad laboral, es decir que hay trabajos que pueden hacer y otros que no, pero la persona de incapacidad laboral tiene un 76 por ciento en adelante.
“Están jugando con la vida de todas estas personas” dijo y consideró que si el estado nacional tendría buenas intenciones, “daría de alta automáticamente todas las pensiones que se dieron de baja, que están mal y ahí mostraría, la predisposición que tiene sobre un plan de discapacidad que sea bueno para nosotros. Lo que está demostrado es que no hay predisposición nacional para llegar a un acuerdo como corresponde”.
La Apadicha:
La asociación surgió luego de los problemas con los que se encontró Giuggia para poder atender a su hija a la que se le diagnosticó esclerosis tuberosa, una enfermedad que afecta a uno de cada 10 bebés.
Cuando la llevaron a Buenos Aires tomaron conciencia de los altos costos para rehabilitarla, mientras que desde la obra social “pusieron muchas barreras”, a pesar de que la ley nacional Nº 24911 establece que la rehabilitación para una persona con discapacidad debe ser integral, es decir tiene que tener una cobertura total.
“En 2007 con un grupo de padres, nos propusimos defender los derechos y asesorar a otros padres para que ellos vayan creando otras asociaciones, vayan asesorando a otros padres y sigan haciendo su propio camino para ir ganando otros derecho”, explicó.
Hoy en día y desde 2016, fueron convocados para que sean una asociación civil que trabaje en conjunto con la Defensoría del Pueblo mediante un acuerdo sin percibir un sueldo.
