Aunque pertenecen a los sectores considerados “esenciales” en medio de la pandemia y se mantuvieron en actividad, contra tantos otros que debieron cerrar sus puertas, los supermercados advierten que su situación es peor de la que imagina el Gobierno.
No sólo volvieron a registrar caída en las ventas en términos interanuales -frente a la “burbuja” de marzo-, sino que comenzaron a advertir que el COVID-19 les incrementó fuertemente los costos que no pueden trasladar a los precios, por lo menos hasta fines de agosto.
De acuerdo con un cálculo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), las siete cadenas que más facturan tuvieron un incremento en sus costos de $9.700 millones entre el 16 de marzo y el 30 de junio, que supera el porcentaje de utilidad promedio que ha tenido el sector (entre 2% y 3 por ciento).
Según aseguran en el sector, es una cifra que preocupa porque “se lleva las expectativas de utilidad y en muchos casos le genera entre 2 y 3 puntos de pérdida”. “Supone un porcentual superior al promedio de rentabilidad operativa histórica del sector (2,7%), dado que estaríamos hablando de un 3,94% de costo adicional por el COVID-19”, dijeron en ASU.
El análisis del supermercadismo contiene un punteo de cada uno de los mayores costos que generó el combate contra el coronavirus y que hoy, por la emergencia, no pueden trasladar a las góndolas, pero constituye un factor de presión a la inflación futura, aunque limitada por la caída del ingreso real de los trabajadores. Son los siguientes:
- Laboral: creció debido al personal no activo por circunstancias de riesgo; los bonos pagados a los trabajadores por ser esenciales; el personal adicional o de reemplazo contratado, cambios en la jornada laboral (de reducida a completa) y horas extras para compensar la disminución de los empleados cesanteados.
- Prevención de contagios: limpieza reforzada y desinfección especializada; material de prevención (guantes, máscaras, barbijos, antiparras, mamelucos, termómetros, alcohol en gel, pulverizadores), adaptación de espacios y líneas de caja.
- Operación: prohibiciones de venta de parte del surtido (non food); restricciones de horarios, de ingreso y permanencia de clientes; restricciones de operación logística (horarios, transbordo forzado de mercaderías, retenciones y restricciones de acceso, refuerzo de estructuras logísticas).
- Seguridad: refuerzos de personal para hacer cumplir protocolos (limitación de ingreso, cumplimiento de distancia social); contratación de refuerzos de policía adicional.
-Otros: pérdida de ingresos por alquileres, cierre de espacios de actividades diversas (patios de comida, zonas recreativas, etc).
Este cálculo ya fue compartido por los directivos de la cámara con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero la respuesta que reciben es: “no es momento de ajustar precios, sino de colaborar”. Es el mismo mensaje que reciben los proveedores de la industria alimenticia, de higiene y de cosmética, que tienen los precios de sus productos congelados desde comienzos de marzo, y en algunos casos (los que tienen artículos en Precios Cuidados), desde enero.
Tensión por los precios
En este contexto, creció la tensión entre las cadenas y los proveedores, que vienen buscando ajustar sus márgenes por dónde pueden. Los supermercados habían advertido semanas atrás, incluso antes de saber que el Gobierno extendería por 60 días más el congelamiento, que estaban recibiendo listas con aumentos de precios, pero aseguran que las rechazaron por completo y las denunciaron ante la secretaría de Comercio.
En donde no puede inmiscuirse el Gobierno es en las cuestiones comerciales. Y lo que sucedió en muchos casos es que, ante la imposibilidad de ajustar las listas, muchas empresas les quitaron beneficios a las cadenas. Por ejemplo, redujeron bonificaciones o quitaron repositores.
“No le tomamos aumentos ni cambio de condiciones a nadie. Pero no es sostenible en el tiempo”, dijeron desde una de las cadenas grandes. En otra, en tanto, afirmaron que alguna reducción de bonificaciones debieron absorber. Según afirmó el director ejecutivo de ASU, Juan Vasco Martínez, “están usando mecanismos encubiertos de aumentos, ya que bajan bonificaciones por logística y volumen o sacan los repositores”.
¿Cómo está afectando esta tensión en el abastecimiento? Las empresas nucleadas en la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) habían advertido que si el Gobierno no habilitaba ningún ajuste, comenzaría a haber problemas con las entregas. Eso no está ocurriendo por el momento.
El abastecimiento se redujo respecto de los volúmenes pre pandemia pero no se debe, dicen las cadenas, al tema de los precios, sino que lo adjudican a los problemas logísticos y de producción generados por el COVID-19. Pero la manta es corta. El Gobierno, mientras tanto, endulzará a los empresarios con un pequeño ajuste de los precios en los productos de Precios Cuidados.
