El choque de trenes de la línea San Martín en Palermo encendió las alarmas y volvió a poner la lupa sobre el seguimiento que el Estado realiza de los servicios de transporte de pasajeros.
El incidente del último viernes no debería sorprender si se tiene en cuenta que en los últimos años los órganos de control hicieron diversas auditorías sobre Trenes Argentinos Operaciones y otras empresas ferroviarias del Estado, y detectaron diversas irregularidades.
Estas anomalías van desde el hallazgo de trenes a los que se les pospuso su mantenimiento por falta de recursos hasta la existencia de deudas con proveedores de más de 2 años.
Uno de los informes, a los que accedió TN, data de junio de 2023 y se trata de una revisión integral del ejercicio 2022 de la firma Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, más conocida como Trenes Argentinos Operaciones.
Allí se detectaron varias irregularidades de alto impacto en las operaciones de la compañía, que se encarga de buena parte de las líneas más importantes, incluida la San Martín, en donde el pasado viernes un choque de formaciones dejó 100 heridos, la gran mayoría de estos leves.
Una de las observaciones más graves fue que la auditoría determinó la existencia de unidades (trenes) con mantenimiento diferido sin certificado de aptitud en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El mantenimiento diferido significa que se decide posponer trabajos planificados o inesperados debido a la insuficiencia de recursos de la empresa, ya sea de tiempo, presupuesto o personal.
Las auditorías sobre las líneas de trenes detectaron obras de mantenimiento postergadas por falta de recursos
En otras palabras, varias de las unidades de Trenes Argentinos Operaciones no recibían el mantenimiento adecuado en tiempo y forma. Además, se observó que existían facturas de proveedores con una antigüedad superior a 2 años, lo que evidencia una demora considerable en el pago de servicios y materiales utilizados en el mantenimiento de los trenes.
Otra irregularidad detectada fue en la gestión del desmalezado en el AMBA, donde se encontraron debilidades en el proceso de control y certificación de los trabajos ejecutados por terceros.
Luego del incidente del pasado viernes, el Gobierno de Javier Milei decretó la emergencia ferroviaria. El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, que aclaró en conferencia de prensa en Casa Rosada que la medida se dispuso a partir de un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
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Justamente en la auditoría general del Estado que encargó Milei a comienzos de este año, se advirtieron graves fallas en el funcionamiento de esta comisión, que debe controlar el estado de los trenes.
Entre las fallas detectadas por este ente se destacan la ausencia de registros completos de las inspecciones a los trenes y la falta de enumeración de todos los ítems revisados en las planillas de inspección.
Además, no se incluye en los informes el plazo de cumplimiento acordado para subsanar las irregularidades en los informes de Prácticas Operativas.
Tampoco se realiza chequeo por parte de los inspectores sobre las medidas adoptadas por la empresa en caso de accidentes ferroviarios, ni se mantienen registros completos de exámenes en el Centro de Evaluación de Conductores Ferroviarios.
En la auditoría se detectó también la falta de inspecciones de seguridad operacional y la carencia de personal afectado a dicha actividad.
En cuanto a los planes de inversión para la empresa, las autoridades competentes no evaluaron las necesidades de inversión en la red concesionada desde el año 2009 hasta la actualidad.
Por último, se encontraron diferencias en los criterios y metodología adoptados por las Gerencias de Fiscalización para la determinación de sanciones dentro de Trenes Argentinos.
