El Gobierno nacional insiste con ser querellante en la causa que investiga a dirigentes sociales acusados de posibles extorsiones para que manifestantes concurran a diferentes protestas.
Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fuera rechazada como querellante por el juez Sebastián Casanello, la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, hizo una presentación con el mismo objetivo.
“Este Ministerio de Capital Humano resulta a todas luces legitimado para actuar como parte en autos atento a la naturaleza de las cuestiones ventiladas en el caso, del fraude fiscal (planes sociales) e incluso por el carácter de co-denunciante de los delitos que se investigan en el marco de las causas que integran la litis”, dice la presentación de Capital Humano que transcendió este jueves.
El juez Casanello está analizando si, esta vez, acepta al Gobierno nacional como parte de la causa teniendo en cuenta que del Ministerio de Capital Humano parten los fondos que podrían haber sido sido malversados por dirigentes sociales.
En la resolución que rechazó al Ministerio de Seguridad, Casanello explicó que “los bienes jurídicos tutelados y los efectos de las conductas imputadas demuestran que la Ministra no puede asumirse, en términos legales, como particularmente ofendida.
Tampoco debe perderse de vista que no resulta suficiente alegar que aquí se investigan hechos ‘que causan graves perjuicios a la Nación en su conjunto’, pues ello por sí solo no la habilita a querellar”.
La causa contra dirigentes sociales
El lunes pasado se realizaron 27 allanamientos en el marco de una investigación por posibles extorsiones de dirigentes de varias organizaciones sociales como el Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.
La medida se ordenó a partir de las denuncias que fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. También se sumaron datos de las auditorías que viene realizando el Ministerio de Capital Humano.
En total fueron 27 los denunciados, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.
Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una "cuota" para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los planes.
