La Justicia chaqueña confirmó la medida de coerción para los agentes policiales implicados en el escandaloso robo de estupefacientes que habían sido previamente secuestrados en un operativo contra el narcotráfico.
RESISTENCIA | En una resolución clave que busca sentar un precedente firme contra la corrupción institucional, las autoridades judiciales ratificaron de manera formal la prisión preventiva para los efectivos de la Policía del Chaco acusados de sustraer un cargamento de cocaína. La sustancia ilegal había sido previamente incautada durante un procedimiento contra el narcotráfico en la provincia.
La medida de coerción, que había sido dictada inicialmente por el equipo fiscal que lidera la investigación, fue respaldada y confirmada en las últimas horas tras desestimarse los planteos presentados por las defensas técnicas de los uniformados implicados. Con esta resolución, los agentes continuarán alojados en dependencias de detención mientras avanza la instrucción de la causa hacia el juicio oral.
Los detalles del escandaloso hecho
La causa, que generó un fuerte impacto y conmoción tanto en el seno de la fuerza provincial como en la opinión pública chaqueña, se desencadenó cuando se detectó una grave irregularidad en la cadena de custodia de un importante cargamento de estupefacientes:
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El faltante: Las pericias y auditorías internas confirmaron que una parte sustancial de la cocaína secuestrada en un operativo contra el narcomenudeo no se encontraba en los depósitos judiciales correspondientes.
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La sospecha: El avance de las pesquisas apuntó de forma directa hacia el propio personal policial que había participado en el procedimiento de incautación y posterior resguardo de la sustancia.
Implicancias institucionales y avance de la causa
A raíz del hecho, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía iniciaron de manera paralela los correspondientes sumarios administrativos, disponiendo la suspensión de funciones y la retención de haberes para la totalidad de los efectivos involucrados en la maniobra delictiva.
Calificación legal: Los policías imputados enfrentan severos cargos bajo las carátulas de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y presunta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, agravada por su condición de miembros de una fuerza de seguridad encargada de la prevención del delito.
