En la última asamblea, la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco resolvió convocar a un paro general de actividades con retiro de los lugares de trabajo desde las 12:30 horas hasta las 00 horas, los días lunes 14, martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de mayo, para todas las jurisdicciones provinciales.
A su vez, definieron ir al paro sin asistencia a los lugares de trabajo el viernes 18 de mayo en Villa Ángela y Presidencia Roque Sáenz Peña y, en Resistencia, la medida será con retiro de los lugares de trabajo, a partir de las 11:30 horas.
El sindicato invitó a las demás jurisdicciones a adherir a cualquiera de las modalidades definidas por la asamblea y a ser parte de la concentración que se hará en la capital chaqueña en la intersección de las calles López y Planes y Brown. La asamblea pasó a cuarto intermedio para el 18 de mayo a las 11:30 horas, en la esquina del Superior Tribunal de Justicia.
"Las medidas de fuerza evidencian el descontento generalizado en las bases que sostienen este servicio esencial del estado ante el incumplimiento de las autoridades del Gobierno y del STJ, que abarca convenios ignorados al poco tiempo de haber sido rubricados, declaraciones públicas olvidadas, conclusiones de la totalidad de los integrantes de la Mesa Salarial del Poder Judicial dejadas de lado, como ser el proyecto de Ley Nº 3655/17 y una realidad que golpea a la economía de los trabajadores del sector que son los peores pagos del país entre todos sus pares de otros poderes judiciales provinciales", expresaron desde la Unión Judicial.
A todo ello, agregaron "los injustos descuentos salariales ante paros totalmente legales y amparados por nuestra Constitución Nacional, Provincial y leyes que rigen la materia".
Por ello, en las presentaciones realizadas por éste gremio a la Comisión de Hacienda de la Legislatura se solicita audiencia y se espera que las autoridades gubernamentales "actúen con prudencia y eviten nuevas mega-demandas, que luego las tiene que soportar el pueblo del Chaco".
También exigen "que se respete la Ley 2895 y la política salarial que utiliza la Corte Suprema de Justicia de la Nación para todos los judiciales federales y que se legisle acorde a derecho, dejando de lado el 30% de aumento en títulos para jueces y secretarios, integrando ese proporcional para toda la estructura de cargos en el adicional por incompatibilidad o directamente al básico".
