M.A. la niña madre que tuvo un bebé en diciembre pasado y que había sido abusada y embarazada por un hombre de 59 años con quien convivía en el paraje formoseño Lagunita fue puesta a resguardo de una familia cuidadora en Miraflores. Se habla de un mal accionar de los organismos porque la menor no quiso volver a la casa de su padre, porque ella misma había dicho que allí corría riesgo. También se supo que se había fugado del hospital. Su madre todavía se encuentra detenida.
Se trata de una decisión que endereza un proceso después de muchos errores del sistema sanitario de J.J. Castelli y de la Unidad de Protección Integral (UPI) del Ministerio de Desarrollo Social. Quedó en evidencia la equivocada decisión inicial de esa unidad de obligar a la menor a retornar con su padre con quien no quería convivir. No existe explicación razonable para que el núcleo familiar de M.A. no fuera detectado en toda su descomposición con anterioridad a que se dispusiera que conviviera con su padre.
La UPI, que depende de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes, debió velar desde el primer día por la niña desde que se conoció el caso en el mes de diciembre del año pasado, especialmente desde que se judicializó su caso.
Según publica el centro de Estudios Nelson Mandela, la articulación entre el Desarrollo Social y el Ministerio de Salud también fracasó. Ninguno de los dos organismos advirtió los problemas que anidaban en su casa, hasta ahora que se dispuso su entrega en guarda a una familia cuidadora de Miraflores.
La niña se habría fugado del Hospital cuando se le dio el alta. Pese a que había manifestado que no quería volver con su padre, las autoridades de Desarrollo Social insistieron en que regresara a su pueblo teóricamente para contactarse con una tía y encontrar un hogar seguro. La segunda versión es que se le permitió viajar a Sauzalito para encontrar a su familiar.
Un elemento indicativo de la posible fuga se produjo cuando el padre de M.A. se presentó solo en el Hospital de Castelli para retirar medicamentos para la niña y su bebé. Si bien luego fue encontrada, en articulación entre el Ministerio de Salud y el de Desarrollo Social, se dispuso el regreso de la niña a su casa paterna en un automóvil particular. La ambulancia que debió haberla trasladado, no lo pudo hacer por el estado de los caminos.
La posible fuga constituyó otra manifestación de la voluntad de que la nena no quería instalarse en la casa paterna. El principal argumento que esgrimió es que el papá era alcohólico y que se reunía en su casa habitualmente con otros hombres, que es lo mismo que decir que estaba expuesta a más riesgos.
La fuga no fue reconocida oficialmente. “No se fugó” dijo un alto vocero del Ministerio de Salud. La explicación supone un desconocimiento sobre el hecho o una negativa cerrada del sistema socio sanitario para admitir lo que había ocurrido. Se indicó que “fue dada de alta con el bebé y regresó a su casa en Sauzalito con el padre. Todo avalado por el organismo proteccional responsable: UPI”.
El 4 de enero, pocos días después de tener a su bebé, el Centro Mandela ya había advertido que la precoz madre había manifestado su rechazo a volver con su papá. En ese momento no había indicado por qué, pero luego sí lo hizo. El alcohol estaba de por medio y el riesgo de abuso también.
Por otro lado, la madre de M.A. está detenida mientras se investiga la veracidad de la denuncia sobre el hecho de que habría entregado a la niña a los 11 años cambio de una moto.
Su abuelo materno cuida a los hermanitos menores de la niña abusada. También se sabe, a nivel de las instituciones que están atendiendo esta problemática, que la tía que la acompañó a Castelli después de tener a su bebé no habría sido receptiva para quedarse con la nena.
Conociendo estos elementos, la nena fue entregada a su papá en un tiempo muy breve a pesar de que la propia Ley de Protección Integral prevé plazos bastante más amplios para mantener a los menores en riesgo en instituciones oficiales como una medida de protección excepcional hasta que se encuentre un lugar seguro en un núcleo familiar receptivo y solidario.
El Ministerio de Salud solicitó mayores informes a las áreas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social que intervinieron en el caso. Mientras la burocracia desplegaba los primeros pasos la niña se habría presentado al Hospital de Castelli y fue alojada en el Hogar Teresa de Calcuta III.
¿Quién es M.A.?
El caso de M.A. fue difundido a principios de enero. La niña madre tuvo un varón de 2,370 kg. tras 35 semanas de gestación. El parto se produjo en el Hospital de Sauzalito, que carece de las condiciones mínimas para asistir un parto de alto riesgo por la edad de la madre. Ni siquiera tiene banco de sangre. No obstante ello, fue “rebotada” por el Hospital de Castelli.
M.A. es una niña, de raíz indígena, entregada por su madre a los 11 años a un adulto viudo residente en Formosa, que vivía en un paraje al otro lado del río Teuco-Bermejo.
Este hombre presuntamente abusó de la niña que finalmente quedó embarazada y tuvo a su bebé en el Hospital de Sauzalito, a fines de diciembre, luego de ser “rebotada” por el Hospital del Bicentenario General Güemes de Castelli.
Aún no se conocen los detalles de las actuaciones judiciales que se iniciaron en la Justicia penal de Castelli como tampoco las que debieron realizarse en Formosa, lo cual es bastante llamativo. Falta información que, con la prudencia del caso, deberían brindar a la opinión pública, como habitualmente se realiza a través de la Procuración General del Poder Judicial.
Frente al caso de M.A. la reacción estatal fue la continuidad del embarazo, atendiendo los deseos de la propia niña madre. Ya nacido el bebé, se dispuso el retorno al hogar paterno aplicándose erróneamente el procedimiento ordenado por la Ley de Protección Integral, lo que fue un grave error asistencial y un claro caso de desprotección de los derechos de la niña.
