a Corte Suprema de Justicia se reunirá este viernes a las 9, en un acuerdo extraordinario, para tratar un nuevo caso sobre la ley de tierras. La convocatoria la hizo su presidente, Horacio Rosatti, informaron fuentes del tribunal.
El expediente que tienen para resolver incluye un pedido de medida cautelar; si la Corte la concede, pondría nuevamente en vigencia restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
En la práctica, podría revertir los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada. Ese día, invocando un motivo procesal, revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que derogó por completo la ley de tierras.
El fallo de la Corte Suprema motivó muchas críticas y una amenaza de la oposición con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023 -y no solo el artículo 154-. La oposición pretende tratar el tema en una sesión especial el jueves de la semana próxima. Una nueva decisión del máximo tribunal podría ayudar al Gobierno a desactivar esa iniciativa, que nació como reacción a la sentencia anterior de la Corte.
Del acuerdo extraordinario de mañana participarán los jueces Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
El caso que tratarán es un planteo vinculado con el fallo anterior: una “aclaratoria” solicitada el jueves pasado por la asociación ambientalista Árbol de Pie, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que defienden la ley de tierras y quieren que les precisen si la sentencia dictada por el máximo tribunal alcanza también al amparo colectivo presentado por ellos o no.
A diferencia de la semana pasada, los tres jueces de la Corte ahora no están de acuerdo en cómo seguir y, como sin tres votos no hay fallo posible, el martes pasado convocaron a dos conjueces. Todo indica que Carlos Rosenkrantz no está dispuesto a tomar una decisión que vuelva a cambiar el panorama. En la vereda de enfrente están Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, según fuentes que conocen los movimientos internos del tribunal.
Los conjueces que se sumarán para este caso son los camaristas Diego Barroetaveña (de Casación) y Juan Ignacio Pérez Curci (de la Cámara Federal de Mendoza). Fueron sorteados el martes y las reglas del proceso indican que las partes tienen 72 horas para recusarlos. Sin embargo, a las 19:09 de ayer, la Corte acortó a 24 horas ese plazo “en atención a las particulares circunstancias de la causa” (particularidades que no detalló). El apuro fue tal, que además habilitó “días y horas inhábiles”.
Este jueves, pasadas las 19:09, ya sin chances de que los conjueces fueran recusados, Rosatti convocó al acuerdo de mañana.
Si la Corte accede a contestar la “aclaratoria” y decide que este amparo colectivo debe recibir un tratamiento por separado del caso de la semana pasada, la Corte, con sus tres titulares y sus dos conjueces, debe determinar qué trámite le da al expediente. Una opción es devolverlo a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició. Difícilmente sea eso lo que discute, considerando la urgencia con la que se está manejando.
Otra opción sería que la propia Corte tratara ella -sin enviar el caso a primera instancia- la medida cautelar. Sería una decisión muy excepcional, advirtieron a LA NACION constitucionalistas con mucha experiencia en la Corte. Posiblemente, una medida “interina”, en los términos de la ley que regula las cautelares contra el Estado.
El nuevo planteo
El planteo que la Corte tratará mañana lo hicieron Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández. Ellos habían presentado una acción colectiva para que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto 70/2023, que derogó la ley de tierras.
Este planteo fue tratado por la Cámara Federal de La Plata como un caso conexo al del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que solicitaba lo mismo. En el expediente de los excombatientes, la Cámara Federal de La Plata les dio la razón. Ese fue el fallo que la Corte revocó la semana pasada, con el argumento de que el Cecim, que había invocado que estaba en juego la soberanía, no tenía legitimación activa para promover el caso.
Quienes presentaron la “aclaratoria” sostienen que ellos invocaron “títulos de legitimación propios y diferentes de aquel examinado en Cecim”. Remarcaron que el planteo de ellos no tuvo que ver con la defensa de la soberanía nacional, sino con “derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente relacionados con sus territorios ancestrales y con la incidencia que sobre ellos podría producir la eliminación del régimen de protección establecido por la Ley 26.737 [la ley de tierras]″.
La aclaratoria de Odarda, Árbol de Pie y las comunidades indígenas fue presentada el jueves pasado, el mismo día que Rosatti y Lorenzetti habían dado a conocer un comunicado en el que dijeron que alguien que sí estuviera legitimado podría peticionar una medida cautelar si considera que la regulación vigente hoy en materia de tierras “es inconstitucional”.
Los conjueces
Barroetaveña y Pérez Curci son penalistas, cuentan con una larga carrera judicial y no es la primera vez que son nombrados conjueces. Pérez Cursi, de hecho, falló la semana pasada como parte de la Corte que revocó la absolución de César Milani. El sorteo por el que se los eligió se hizo con un bolillero y fue seguido por videoconferencia por las partes.
Barroetaveña, cercano a Rosatti, el presidente de la Corte, es miembro del Consejo de la Magistratura y había presentado una demanda judicial con el objetivo de poder ser reelegido en el Consejo para el año próximo, planteo del que finalmente desistió. Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, el juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
Los dos conjueces tenían, hasta el año pasado, cargos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Barroetaveña presidía el Tribunal de Ética de la asociación que encabeza Claudio Tapia; Pérez Curci formaba parte de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA. Renunciaron en diciembre, después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió a la Corte que dispusiera el cese de las funciones de todos los jueces en los tribunales de la AFA por considerar que eran funciones incompatibles.
Fuente: La Nación
