La noche del jueves 16 de octubre, tras los hechos ocurridos en la Marcha Nacional —en donde fue asesinado Eduardo Ruiz Sanz a manos de un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP)— el gobierno del presidente José Jerí dio a conocer que declarará en Estado de Emergencia a Lima Metropolitana para “combatir la delincuencia”.
A través de una conferencia de prensa, el premier Ernesto Álvarez informó a la ciudadanía que esta medida vendrá acompañada de un paquete de normas “concretas y eficaces”. No descartó instaurar, una vez más, el toque de queda en los 43 distritos de la capital.
“Se están analizando todas las posibilidades. El toque de queda, así como la limitación de la libertad individual de los motociclistas, ya son medidas recurrentes que se han establecido antes pero que, por la especificidad de la criminalidad violenta, no siempre han logrado un resultado efectivo, real”, declaró el presidente del Consejo de Ministros.
“Toda medida que limita la libertad debe tener proporcionalidad y racionalidad. No es cuestión de limitar las libertades y derechos fundamentales sin una razón real probada.
Por eso es que vamos a tomarnos algunas horas en revisar y medir la posible efectividad de la declaratoria de emergencia, que debe estar bien hecha y constituir una medida efectiva en beneficio a los ciudadanos”, agregó ante los medios de comunicación.
