El Gobierno reactivó la discusión interna por la reforma del Código Penal en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega en Córdoba. En la Casa Rosada aseguran que la intención es enviar el proyecto “cuanto antes” al Congreso y remarcan que el texto en revisión incluye un endurecimiento de penas para violadores, cambios sobre delitos sexuales y una ampliación de los supuestos de prisión perpetua.
“Necesitamos tomar medidas y movernos rápido”, expresan en despachos oficiales. En el Ejecutivo intentan presentar la reforma como parte de una agenda penal que ya estaba en marcha, pero el caso Agostina volvió a poner presión sobre una discusión que venía demorada por diferencias políticas y técnicas dentro del Gobierno.
La investigación por el asesinato de la adolescente de 14 años provocó impacto nacional y abrió cuestionamientos sobre la actuación judicial y policial en Córdoba. El fiscal agravó la imputación contra Claudio Barrelier a femicidio, una figura que prevé prisión perpetua. En Nación siguen el caso con cautela, pero admiten que la conmoción social aceleró conversaciones que estaban frenadas sobre el nuevo paquete penal.
La discusión central pasa por el texto final que llegará al Congreso. En el entorno del asesor Santiago Caputo aseguran que la reforma está “trabada” en el Ministerio de Justicia. En los equipos del ministro Juan Bautista Mahiques responden que están “terminando de definir” qué versión enviarán y sostienen que el proyecto saldrá en el corto plazo.
El borrador ya fue y volvió en reiteradas ocasiones de la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal, por diferencias en la redacción. “Las reformas al Código Penal se vienen trabajando hace tiempo y se van a mandar en el corto plazo”, agregan en el Ejecutivo. La demora, sin embargo, volvió a alimentar los pases de factura entre los sectores que disputan influencia sobre el área de Justicia.
En el oficialismo conviven dos lecturas. Un sector sostiene que ya había una reforma amplia preparada y que el nuevo esquema de Justicia la recortó y demoró. El equipo de Mahiques rechaza esa mirada y afirma que el objetivo es enviar un proyecto técnicamente más ordenado, con mayor viabilidad parlamentaria y sin abrir capítulos que puedan bloquear todo el tratamiento.
La Casa Rosada había debatido durante meses si avanzar con un nuevo Código Penal integral o con una reforma amplia del código vigente. La primera opción implicaba reemplazar de manera completa el texto actual, sancionado en 1921. La segunda permite endurecer penas, incorporar nuevas figuras y corregir artículos puntuales sin reabrir de forma total debates sensibles.
Por ahora, la alternativa que gana peso es la de una reforma por etapas. El Gobierno se inclina por mandar primero los capítulos con mayor consenso dentro del oficialismo: delitos sexuales, abuso sexual infantil, grooming, estafas piramidales, entraderas, salideras, motochorros, viudas negras, armas en cárceles, picadas ilegales y nuevas modalidades de criminalidad organizada y tecnológica.
Uno de los puntos que la Casa Rosada destaca es el agravamiento de las penas para violadores y abusadores. También se analiza la imprescriptibilidad de delitos sexuales graves y la ampliación de supuestos de prisión perpetua. En el Gobierno sostienen que el eje será “poner a las víctimas en el centro”, una fórmula que ya había usado el oficialismo en presentaciones anteriores del proyecto.
El texto original que se había trabajado durante la gestión de Mariano Cúneo Libarona era mucho más extenso. Buscaba unificar el Código Penal vigente con leyes penales especiales y llevar el cuerpo normativo a más de 900 artículos. Incluía endurecimiento generalizado de penas, nuevos delitos informáticos, cambios en narcotráfico, corrupción, responsabilidad penal de empresas, delitos ambientales, propiedad intelectual y figuras vinculadas con inteligencia artificial.
La revisión de Mahiques apunta a reducir esa arquitectura. En Justicia consideran que un proyecto demasiado amplio puede quedar empantanado en el Congreso y obligar al Gobierno a defender al mismo tiempo temas de seguridad, corrupción, delitos económicos, derechos civiles, género, aborto y política criminal. Por eso, cerca del ministro insisten en una versión más corta y defendible.
En ese rediseño, el Gobierno descarta incluir una modificación de la figura de femicidio más allá de que había deslizado en distintas oportunidades la intención de revisar ese agravante bajo el argumento de la “igualdad ante la ley”, pero esa discusión no formará parte de la reforma penal que ahora buscan enviar. En Balcarce 50 entienden que abrir ese capítulo en este contexto agravaría el costo político y legislativo del proyecto.
Tampoco habrá cambios sobre el aborto, pese a que sectores del oficialismo empujaron en distintos momentos la derogación de la ley vigente. Ese fue uno de los motivos por los que el Gobierno terminó alejándose de la idea de mandar un Código Penal completamente nuevo: reemplazar todo el texto obligaba a fijar posición sobre temas que hoy no forman parte de la prioridad legislativa inmediata.
La demora en el envío reavivó las tensiones internas. En sectores del oficialismo cuestionan que el proyecto siga sin definirse mientras la agenda de seguridad vuelve al centro del debate público. “No se están tomando medidas por egos personales. Hay que actuar”, sostienen en un sector de la Casa Rosada. La frase apunta a la disputa entre los equipos que responden a Caputo y el área de Justicia que quedó bajo influencia de Karina Milei.
El jefe de gabinete, Manuel Adorni, ya había anunciado el 17 de marzo que el Gobierno definió la conformación de un paquete de proyectos de ley para enviar al Congreso, entre los que incluyó la modificación del Código Penal “poniendo foco en el endurecimiento de las penas”.
Fuente: TN
