Un grupo de países desconocerá el último resultado electoral en Venezuela que le dio la reelección a Nicolás Maduro durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), elevando la presión internacional sobre Caracas en la cita anual más importante del único organismo que reúne a todos los países del continente.
Estados Unidos informó ayer que había logrado reunir el respaldo mínimo necesario de 18 países para aprobar una resolución que rechace el resultado de los comicios que le dieron un nuevo mandato a Nicolás Maduro, una elección que Washington tildó de "farsa" y que condenó, al igual que el Grupo de Lima, integrado por 14 naciones de la región, entre ellas, la Argentina.
"Tenemos los 24 votos para aprobar el temario y los 18 para apoyar y pasar la resolución", anticipó ayer Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA.
De concretarse la condena, la OEA habrá dado un nuevo paso contra el régimen de Maduro con el mínimo consenso político necesario para poder hacerlo; un logro, sin embargo, que resultó esquivo hace un año, en Cancún, en la última Asamblea General, cuando las divisiones en la región entre los gobiernos que respaldan al chavismo y quienes buscan un cambio en Venezuela llevó a que fracasara un texto con cuestionamientos al gobierno.
Washington y el Grupo de Lima (integrado por la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) emitieron duras declaraciones en contra de las últimas elecciones en Venezuela, las cuales consideraron ilegítimas.
Estados Unidos, además, ha desplegado durante la presidencia de Donald Trump una política de sanciones contra los funcionarios chavistas. Ahora, buscarán dar una nueva señal en la Asamblea General, de la cual participará el canciller Jorge Faurie.
Otro país que captará la atención regional será Nicaragua, donde esta semana hubo una enorme manifestación convocada contra la represión del gobierno de Daniel Ortega, acusado de desplegar una ola represiva que ha dejado más de 80 estudiantes muertos y ya ha provocado la condena de la CIDH, que llamó al "cese de la represión".
Amnistía Internacional acusó a Ortega de lanzar un ataque "sostenido, decisivo y frecuentemente fatal" contra sus ciudadanos.
Estados Unidos busca que la resolución contra Venezuela, que podría llegar a discutirse hoy, sea un primer paso para suspender a La Nación de la OEA, una misión que de antemano parece mucho más complicada porque requiere el respaldo de 24 países, algo difícil debido a la lealtad que varios países del Caribe, Nicaragua y Bolivia mantienen hacia Maduro.
Cuba, otro aliado de Caracas, es el único miembro inactivo del continente en el organismo: no ha vuelto a participar desde que se levantó, en 2009, la suspensión que se le impuso en la década de 1960.
Más allá de lo que ocurra con la resolución, Venezuela será otra vez la protagonista excluyente del encuentro, tal como ocurrió un año atrás. En el medio, decenas de miles de venezolanos han huido en busca de comida y medicamentos a Colombia, y Venezuela se ha hundido aún más en su crisis política, económica, social y humanitaria. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una inflación cercana al 14.000% este año y una caída del producto bruto interno (PBI) del 15%.
Al deterioro interno se sumará una mayor presión externa ante las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro. La OEA presentó, días atrás, un informe especial encargado por el secretario general, Luis Almagro, a un grupo de expertos en derechos humanos que concluyó que Maduro cometió crímenes de lesa humanidad.
Santiago Cantón, el especialista que integró el panel, dijo en una entrevista con La Nación que Maduro puede llegar a terminar condenado a prisión por la Corte Penal Internacional de La Haya.
Antes de la presentación de ese informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había publicado a principios de este año otro trabajo con denuncias de "graves violaciones" de derechos básicos y fundamentales y el "desmantelamiento" de las instituciones.
"Desde hace varios años, la Comisión viene observando un progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela que ha tenido una profundización e intensificación alarmantes en los últimos dos años, y especialmente en 2017", reza el primer párrafo de las conclusiones del reporte.
Piñera pide enviar un informe a la fiscalía de La Haya
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió ayer al panel de expertos en la OEA que evaluó posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela que envíe sus conclusiones a la Corte Penal Internacional, dada la "contundencia" de las pruebas recopiladas.
Chile estima necesario "que esa evidencia sea dirigida a la Fiscalía [de la CPI] por el Panel de Expertos Internacionales (...) de forma de asegurarse que sus resultados sean revisados", dijo Piñera en una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
"La acción internacional para reclamar la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela no solo es necesaria, sino que es indispensable", dice la carta. "Chile está consciente de resguardar la institucionalidad internacional", agrega.
