La Audiencia de Barcelona ha acordado por mayoría y con el voto particular de un magistrado imponer a Dani Alves una fianza de un millón de euros para quedar en libertad provisional a la espera de que su sentencia por agresión sexual sea firme.
En caso de abonar esa cantidad, el tribunal retirará al futbolista sus dos pasaportes -español y brasileño-, le prohibirá aproximarse o comunicarse con la víctima y le obligará a comparecer semanalmente en el juzgado.
La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona estima así la petición de la defensa del brasileño, ejercida por la abogada Inés Guardiola, quien solicitó la libertad provisional de su cliente al haber cumplido una cuarta parte de la condena de cuatro años y medio de cárcel impuesta al futbolista.
El tribunal argumenta en su resolución que “conviene recordar que la función de la prisión provisional no puede ser en ningún caso la de adelantar los efectos de una hipotética pena que pudiera serle impuesta al acusado o la de impulsar la investigación del delito u obtener pruebas o declaraciones, ya que con tales fines la privación de la libertad excedería de los límites constitucionales reconocidos en el art. 17 de la Constitución Española”.
