Chicago demandó ante la Justicia este lunes al gobierno de Donald Trump por haber amenazado a todas las ciudades santuario de Estados Unidos con la suspensión de fondos federales para temas de seguridad como una represalia a su negativa de cooperar en la búsqueda, detención y deportación de millones de inmigrantes que viven en el país hace años, inclusive décadas, de manera irregular. Según la denuncia, las nuevas políticas federales fuerzan a la tercera ciudad más grande del país a elegir entre sus derechos constitucionales y los fondos que necesita para hacer cumplir la ley.

La semana pasada, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, envió cartas a cuatro ciudades -Baltimore, en el estado de Maryland; Albuquerque, en el estado de Nueva México; y Stockton y San Bernardino en California- para informarles que no podrán acceder al nuevo programa de Asociación de Seguridad Pública del Departamento de Justicia federal porque no cumplieron con las condiciones impuestas por el gobierno de Trump.

Las llamadas ciudades santuario se niegan a cooperar con información o logística con la fuerza de seguridad ICE, la encargada de encontrar, detener y deportar a los inmigrantes que viven sin papeles en Estados Unidos. Esta tensión entre Washington y alguna ciudades del país no es nueva, pero el gobierno de Trump estableció que la coordinación en materia migratoria es una condición necesaria para mantener y profundizar la cooperación en temas de seguridad pública.

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