Tras una solicitud del fiscal general Federico Carniel, el juez del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Juan Manuel Iglesias, resolvió trabar embargo preventivo de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Mar del Plata, pertenecientes a la empresa “General Paunero 2256 Sociedad Anónima”, cuya titular es Carla Salvatore.
Se trata de la hija del abogado narco Carlos Salvatore, quién falleció el pasado miércoles en la ciudad de Buenos Aires, mientras se aguardaba una definición de la Corte Suprema sobre la modalidad del juicio oral que tendrá lugar en la capital chaqueña en la causa por lavado de activos: si será llevado adelante por un tribunal unipersonal o uno colegiado.
La medida, a la que tuvo acceso el medio chacodiapordia.com, fue dispuesta el lunes pasado por el juez Iglesias ante un planteo del fiscal general Federico Carniel, con el objetivo de “no tornar ilusoria la posibilidad de desbaratar el producido de la aplicación de activos de procedencia ilícita al torrente comercial por cuanto, se sospecha, que los bienes de esa empresa tienen un origen ilegal” (el narcotráfico). En ese sentido, se busca impedir la posibilidad que esos inmuebles sean vendidos.
Cabe recordar que “General Paunero 2256 Sociedad Anónima”, que se encuentra intervenida judicialmente, es una de las tantas empresas creadas por Salvatore que, según la hipótesis de los fiscales en la elevación a juicio, eran utilizadas para blanquear el dinero proveniente del narcotráfico, en este caso particular a través de operaciones inmobiliarias.
Juicio, en suspenso
Por ahora se encuentra en suspenso el inicio del juicio oral y público en la causa por lavado “Carbón Blanco II” ya que, tras la postergación de las audiencias previstas para el 28 de marzo pasado, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia la discusión por la interpretación de la nueva la ley que regula la actividad de los Tribunales Orales que establece que los delitos que prevén penas inferiores a 15 años –como en este caso- deben ser juzgados por tribunales unipersonales. Sin embargo, la querellante UIF planteó que por la complejidad de la causa debiera aplicarse el criterio previo a la sanción de la nueva norma y que sea un tribunal colegiado.
Los procesados
Tras la muerte de Salvatore, quién estaba acusado de ser “el cerebro” de la organización y ya había sido condenado a 21 años de prisión en la causa precedente por narcotráfico “Carbón Blanco”, aguarda el juicio su hija, Carla Yanina Salvatore D’ursi, de 35 años, quién se encuentra en libertad y acusada por el delito de lavado de activos de origen delictivo, en carácter de coautora.
También están acusados Silvia Susana Vallés Paradiso (esposa de Salvatore), Santiago Vallés Ferrer (suegro de Salvatore) y Ricardo Gassan Saba (socio de Salvatore), estos últimos acusados por el delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse realizado como miembro de una asociación o banda formada para su comisión, en carácter de coautores.
Cuestionamientos a la continuidad de las preventivas
A fines de abril, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó una acción de habeas corpus presentada por la defensa de Santiago Vallés Ferrer solicitando el cese de su prisión preventiva por haber transcurrido tres años en esa condición y contra la resolución judicial de prorrogarla por tres meses más a partir del 10 de abril de 2018.
Por otro lado, el tribunal de Alzada decidió conceder recurso de casación ante un planteo del fiscal general Federico Carniel contra el sobreseimiento del abogado marplatense Mariano Castellucci, una de las personas vinculadas a Salvatore en operaciones inmobiliarias en la zona de la costa atlántica.
En tanto, el Tribunal Oral Federal de Resistencia también hizo lugar a un recurso de casación para que la Cámara Federal de Casación Penal revea el pedido de cese de prisión preventiva de Ricardo Gassan Saba y de Santiago Vallés Ferrer.
