La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó, por tercera vez, la demanda de la Universidad Nacional del Nordeste contra una exfuncionaria que los criticó en Facebook. Mientras las autoridades marchan y denuncian ahogo financiero, gastan recursos públicos en un pleito sin sustento legal.
Por Redacción Institucional
Lunes, 1 de junio de 2026
La incoherencia discursiva y la necedad administrativa parecen haber encontrado un nuevo estándar en el Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). En un contexto nacional donde las universidades públicas argumentan estar al borde del colapso por la quita de fondos, el ajuste y la falta de presupuesto para salarios e infraestructura, las autoridades de la UNNE decidieron que era una prioridad institucional gastar tiempo, honorarios de abogados y recursos estatales en perseguir judicialmente un comentario de Facebook.
La historia de esta necedad llegó a su fin (o al menos a su tercer revés consecutivo) de la mano de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. El tribunal ratificó el rechazo a la demanda civil iniciada por la universidad contra una ingeniera agrónoma y exfuncionaria de la casa, quien en agosto de 2024, disconforme con el resultado de un concurso administrativo, lanzó en su cuenta personal la polémica frase: "Me hace acordar a Videla".
Una demanda sin pies ni cabeza
Cualquier estudiante de los primeros años de la Facultad de Derecho de la misma UNNE podría haber anticipado el resultado. La universidad pretendía una "reparación por daño moral e institucional". Sin embargo, la justicia volvió a recordarles un principio básico: las personas jurídicas de derecho público (como una universidad) no tienen sentimientos, afectos ni honor herible en los términos que plantea el código civil para las personas humanas. Su existencia es puramente ideal.
Tres instancias judiciales distintas —el Juzgado Federal N.° 1 en 2025 y ahora la Cámara de Apelaciones— le explicaron lo mismo a los asesores legales del Rectorado. Aun así, la universidad emitió un comunicado que roza el capricho, asegurando que "no renuncian a su convicción" y tildando los fallos de "respuestas negativas que niegan el acceso a la justicia".
La contradicción del bolsillo
Lo verdaderamente preocupante no es la susceptibilidad de los miembros del Consejo Superior ante una crítica de redes sociales, por más desatinada o banal que resulte la comparación con la dictadura militar. Lo grave es el uso de los recursos.
¿Cuánto le cuesta a la comunidad universitaria sostener la estructura jurídica para litigar durante dos años (causa N.° FCT 4697/2024) un berrinche de oficina? Mientras las aulas sufren el deterioro edilicio, los investigadores lidian con partidas congeladas y los docentes reclaman paritarias dignas, la gestión prefiere destinar horas de sus equipos técnicos y fondos presupuestarios a apelar fallos destinados al fracaso.
La libertad de expresión puede gustar o no, y las críticas —incluso las más injustas— forman parte del juego democrático de una institución de tal magnitud. Forzar la maquinaria judicial del Estado por una afrenta al "ego" de un cuerpo directivo, mientras se agita la bandera de la emergencia presupuestaria, no es defender la memoria ni la institucionalidad; es, lisa y llanamente, una muestra de necedad y un pésimo orden de prioridades en el gasto público.
