El Gobierno cree que la aclaratoria de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras despejó parte del frente político que había abierto el fallo y le permite intentar separar esa discusión del tratamiento del DNU 70/2023 en Diputados. En la Casa Rosada admiten que la primera decisión del tribunal les generó un problema “importante”, pero consideran que la precisión posterior ordenó mejor el escenario.
“La aclaración de la Corte puede ayudar para descomprimir en general. El fallo nos generó un quilombo grande”, reconocen en Balcarce 50. El tribunal aclaró que su sentencia no resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, sino sobre la legitimación del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata para impulsar la causa.
También dejó expresamente abierta la posibilidad de nuevos planteos judiciales sobre el régimen de tierras. La Corte remarcó además que su decisión no obstaculiza las facultades del Congreso para tratar el decreto. Ese punto es el que el Gobierno considera útil para la negociación política: entiende que permite diferenciar el debate específico sobre la compra de tierras rurales por extranjeros de la discusión sobre la vigencia integral del DNU.
“Deja en claro que no tiene que ver una cosa con la otra”, explican cerca de la conducción parlamentaria. En ese sector creen que, si consiguen sostener esa separación, pueden ofrecerles a los aliados una vía específica para fijar posición sobre Tierras sin que deban acompañar necesariamente un rechazo de todo el decreto.
La Casa Rosada intentará avanzar justamente en esa dirección durante los próximos días. El objetivo es darle un tratamiento legislativo propio al régimen de tierras y evitar que la oposición utilice ese artículo como argumento para reunir una mayoría contra el DNU completo.
Una de las alternativas continúa siendo el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado y debe pasar por Diputados. El oficialismo había retirado de ese texto el capítulo referido a tierras después de no conseguir respaldo suficiente entre sus aliados.
Ahora, la lógica es distinta. En Nación evalúan aceptar una solución específica sobre los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros y utilizar ese acuerdo para desacoplar el tema del resto del DNU. “Si lo logramos ordenar, les solucionamos el conflicto a los dialoguistas”, sintetizan.
La estrategia no supone que el conflicto esté cerrado. La oposición convocó a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de tratar el rechazo del DNU junto con los proyectos sobre Discapacidad y endeudamiento familiar. Para abrir el recinto necesita reunir 129 diputados.
El Senado ya rechazó el decreto en marzo de 2024. Por eso, si Diputados también lo desestima, se completaría el procedimiento previsto por la Ley 26.122. El oficialismo busca impedir que los cuestionamientos a la derogación de la Ley de Tierras terminen reuniendo los votos necesarios para ese segundo rechazo.
La apuesta está puesta principalmente en los bloques dialoguistas y en diputados que responden a gobernadores. Varios de esos sectores cuestionaron la eliminación total de las restricciones a compradores extranjeros, pero mantienen posiciones diferentes sobre otras reformas contenidas en el DNU.
La Casa Rosada considera que ese matiz puede ser determinante. Su objetivo inmediato no es volver a defender sin cambios la liberalización de la compra de tierras, sino evitar que esa discusión funcione como punto de convergencia para rechazar todo el decreto.
La aclaratoria de la Corte fue recibida, en ese sentido, como una herramienta para reordenar la negociación. El tribunal no modificó la situación parlamentaria del DNU ni cerró la controversia judicial sobre Tierras, pero el Gobierno cree que dejó más claramente separados ambos planos.
TN
