En una resolución que marca un giro importante en el avance de la investigación, la Justicia decidió apartar al actual diputado provincial y exministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, de su rol como querellante en la causa que involucra a la Bolsa de Comercio del Chaco y a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
El núcleo de la controversia
La causa investiga supuestas maniobras financieras relacionadas con la colocación de fondos públicos y el manejo de instrumentos financieros que vinculan a la gestión municipal de la ciudad termal con la entidad bursátil. Pérez Pons se había presentado como querellante bajo el argumento de representar los intereses del Estado y la transparencia en el uso de los recursos públicos, dada su anterior función en el Ejecutivo provincial.
Sin embargo, el tribunal interviniente consideró que el legislador no posee la legitimación necesaria para intervenir en esta instancia bajo dicha figura. La resolución judicial sostiene que su participación no cumple con los requisitos técnicos procesales para ser considerado "particular damnificado" o representante directo del bien jurídico afectado en este proceso específico.
Implicancias políticas
El apartamiento de Pérez Pons ha generado reacciones inmediatas. Desde el entorno del legislador aseguran que esta medida busca "limitar el control sobre el manejo de los fondos de los chaqueños", mientras que sectores vinculados a la defensa del municipio de Sáenz Peña sostienen que la presentación del diputado tenía un tinte estrictamente "político" y carecía de sustento jurídico real.
Con esta decisión, la causa continúa su curso sin la intervención directa del diputado, quien ha sido una de las voces más críticas respecto a las operaciones financieras realizadas durante la gestión municipal de Juntos por el Cambio en Sáenz Peña.
¿Cómo sigue la causa?
A pesar de este revés para el legislador de la oposición, la investigación sobre la Bolsa de Comercio y el municipio continúa. La fiscalía deberá ahora seguir adelante con la recolección de pruebas y peritajes contables para determinar si existió perjuicio fiscal o administración fraudulenta en el intercambio de activos financieros.
Por su parte, se espera que Pérez Pons apele la medida ante instancias superiores, buscando recuperar su lugar en el proceso judicial.
