La justicia penal y de control avanza sobre las trazas de un presunto y millonario hecho de corrupción en la provincia del Chaco que amenaza con salpicar las esferas más altas de la anterior gestión provincial. La investigación apunta directo al corazón del polémico sistema de fotomultas implementado durante el último mandato de Jorge Capitanich, un andamiaje recaudatorio que hoy está bajo sospecha de haber sido utilizado como una pantalla legal para desviar fondos públicos hacia el sector privado.
El mecanismo bajo investigación judicial expone una matriz de triangulación que se repite en otras jurisdicciones del país. De acuerdo a la denuncia, la gestión de Capitanich evitó los procesos tradicionales de licitación pública mediante la firma de convenios directos de asistencia tecnológica con universidades nacionales (como la Universidad Nacional de San Martín - UNSAM). Sin embargo, las altas casas de estudio habrían funcionado únicamente como un "puente" institucional para tercerizar de forma directa la provisión de cinemómetros, cámaras y software a firmas corporativas que operaban en las sombras.
Es en este punto donde la causa conecta directamente con el holding tecnológico Always Group, una de las principales prestadoras del sistema de fotomultas a nivel nacional que quedó en el centro de las pericias por presuntas irregularidades operativas y retornos millonarios.
La conexión no es meramente técnica, sino profundamente política. El desembarco de este formato de recaudación vial y la posterior inclusión de empresas como Always Group expone los estrechos lazos políticos y de gestión que Jorge Capitanich mantenía con Martín Insaurralde, el exjefe de Gabinete bonaerense cuyo escándalo patrimonial abrió el grifo para revisar los millonarios contratos de control de tránsito en diversos municipios del conurbano y el interior. Según los investigadores, el modelo "importado" al Chaco comparte la misma matriz de negocios que el entramado de Insaurralde aceitó en la provincia de Buenos Aires.
El escándalo de las fotomultas en las rutas chaqueñas —que durante la administración de Capitanich generó la emisión descontrolada de casi 500.000 actas de infracción sin la debida señalización ni avales legales— fue calificado por el actual gobierno provincial como una de las "bombas financieras" heredadas, lo que derivó en la condonación masiva de las deudas a los automovilistas y la baja definitiva de los polémicos convenios. Ahora, la justicia busca determinar con precisión matemática qué porcentaje de los miles de millones de pesos facturados por los radares terminó en las cuentas de los intermediarios privados y la responsabilidad penal del exmandatario chaqueño en el montaje de la red de recaudación.
