Para este martes 23 a las 19, en el IES Sarmiento, está previsto un conversatorio tanto sobre el “Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí” como la supuesta sentencia que al final del mismo emitió la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger.
La invitación expresa: “Gobierno del Chaco. Subsecretaría de Derechos Humanos”.
Evidentemente, dicha repartición aún no tiene en cuenta que aquel “juicio” en realidad se trató de uno de los mayores embustes de la historia política y judicial chaqueña.
¿Sin precedente? En su edición del 24 de septiembre de 2021, “Periodismo Popular” difundió la novedad de que la juez federal Nº 1 de Resistencia había ordenado la tramitación de un juicio por la verdad en relación a la masacre de Napalpí y en línea con lo que había requerido la Unidad Fiscal de Derechos Humanos del Chaco.
Dicho “juicio” fue calificado de “sin precedente en América Latina”, y se destacó que la intención era “echar luz sobre lo ocurrido en aquel paraje argentino perdido en el tiempo”.
Lo extraño fue que la noticia se difundió cuando el verdadero juicio, ese que había comenzado diecisiete años atrás, ya estaba en manos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Igual definieron al “juicio por la verdad” como “primer juicio en Argentina”, por el tema.
La juez federal también dijo: “El objetivo del debate es reconstruir y conocer la verdad histórica”.
¿Acaso no estaba informada que en su mismo juzgado ya en el 2004 se había iniciado un juicio por el mismo hecho, que la verdad histórica de eso que sucedió en el Chaco ya se sabía desde hacía 98 años, que su propio juzgado en el 2011 me designó Consultor Histórico de la causa, y que ella misma en un fallo que dictó en el 2019 aceptó las pruebas históricas que presenté en dicho tribunal federal?
Por ello, resultó extraño que también dijera todo lo que sigue:
“Resulta relevante destacar que los hechos objeto de investigación exhiben características que permiten su inclusión dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se pueda investigar y, de ese modo, procurar su reconstrucción desde una perspectiva histórica.
Considero necesario transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido, por su valor simbólico, histórico y humano, buscando la determinación judicial de tales hechos.
Entiendo que la trascendencia institucional que revisten tales hechos justifica la promoción de una instancia institucional que agota los recursos disponibles para reconstruir los sucesos históricos ocurridos en la “Masacre de Napalpí”, en el año 1924.
La búsqueda efectiva de la verdad resulta relevante, no sólo en términos de memoria colectiva, sino que pueda operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades que habrían sido damnificados directamente con tales hechos”.
Interrogantes
¿Cómo que dicho “juicio por la verdad” iba a posibilitar que los hechos objeto de investigación, esto es, la masacre de Napalpí, sean incluidos dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad, si hacía ya un montón de años que la referida masacre había sido incluida dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad, y que ella misma así lo había calificado en un fallo suyo del año 2019?
¿Cómo es que consideraba necesario “transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido” si desde hacía ya décadas que lo acontecido era sabido incluso en los Estados Unidos, y por lo menos hacía ya veinte años que dicha historia venía siendo enseñada en las escuelas primarias y secundarias de la provincia?
Ya en 1924 se tenía perfecto conocimiento de tales sucesos históricos, no solamente a través de la prensa de esos tiempos, sino también de una interpelación parlamentaria de seis horas de duración al ministro del Interior del presidente Alvear, Vicente S. Gallo.
Por muchas razones, el “juicio por la Verdad de Napalpí” no se justificaba. Carecía de lógica y de sentido común.
Pura farsa
A pesar de ello, esa farsa política-judicial fue promocionada con títulos periodísticos como éstos:
“La justicia argentina inicia el primer juicio por una masacre indígena” (Euro News).
“Después de 98 años, comienza el Juicio por la Verdad de Napalpí” (Agencia Telam).
“Casi cien años después, Argentina busca la verdad sobre la muerte de 500 indígenas en la masacre de Napalpí” (RT en español).
“Masacre de Napalpí: casi un siglo después el Estado argentino juzga matanza indígena. Inédito proceso casi 100 años después de los hechos” (Portal Actualidad).
“Comenzó el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí: oportunidad histórica de reconocer un genocidio indígena” (Boletín de ENDEPA, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen).
“Masacre de Napalpí: comenzó un histórico juicio por crímenes de lesa humanidad” (El Submarino, Jujuy).
“Comenzó un juicio tan esperado como necesario. Este juicio representa un antes y un después para nuestro pueblo indígena”. (Fundación Napalpí, integrada por empleados públicos adscriptos).
Siempre expuse que lo que se inició aquel 19 de abril de 2022 era un circo al aire libre.
No tenía nada que ver con el ya señalado juicio iniciado en 2004 a través del expediente 11001630, caratulado “Asociación Comunitaria La Matanza c/Estado Nacional-Poder Ejecutivo s/Daños y perjuicios”, expediente que tras sortear todas las instancias procesales ya estaba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para el “juicio por la verdad”, inventaron un tribunal fantasma y extraño a los tribunales ordinarios, un engendro que no tenía nada que ver con algún tribunal ordinario provincial o federal.
Era uno que establecía procedimientos extraños y alejados de lo estipulado por las normas de actuación judicial.
Sus sesiones eran apoyadas desde la calle por militantes de organizaciones “populares”, entre ellos como el Partido Comunista Revolucionario, Corriente Clasista Combativa (CCC), Frente Patria Grande y Frente Pueblos Originarios en Lucha.
Hasta se llegó al extremo de sesionar en lugares extraños a un tribunal, como la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y con “testigos” como el ex juez Eugenio Zaffaroni.
