El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del Sector Energético Nacional en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. La decisión fue oficializada este lunes mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La norma extiende la emergencia declarada en diciembre de 2023 y prorrogada posteriormente en 2024 y 2025. Según el texto oficial, la medida alcanza también a todas las acciones derivadas de ese régimen excepcional y entró en vigencia el mismo día de su dictado.
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostuvo que persisten las condiciones que motivaron la declaración de emergencia, tanto en el sistema energético en general como en el sector eléctrico en particular. En ese sentido, afirmó que si bien hubo avances en distintas variables, todavía subsisten riesgos técnicos, operativos, económicos, financieros y regulatorios que pueden afectar la continuidad, la seguridad y la sostenibilidad del servicio eléctrico.
El decreto también señala que la prórroga permitirá dar continuidad al proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mantener los mecanismos regulatorios transitorios y avanzar con las reformas previstas durante el período de transición fijado por la normativa vigente. Asimismo, remarca la necesidad de preservar la seguridad del abastecimiento y la sostenibilidad económico-financiera del sistema.
Entre los argumentos expuestos, el Ejecutivo destacó que el sistema eléctrico continúa operando con márgenes reducidos de reserva, infraestructura envejecida, limitaciones en la red de transporte y una expansión considerada insuficiente para cubrir las necesidades estructurales del sector.
También advirtió que las principales estaciones transformadoras registran niveles de utilización superiores al 90% y que gran parte de las fallas en distribución se producen en instalaciones con más de 25 años de antigüedad.
El texto oficial sostiene además que la continuidad de la emergencia resulta necesaria para consolidar la recomposición de la cadena de pagos del mercado eléctrico, profundizar la reducción gradual de subsidios generalizados y coordinar la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) junto con la actualización de los precios estacionales de la energía.
Otro de los fundamentos es la necesidad de coordinar la política eléctrica con la emergencia vigente en los segmentos de transporte y distribución de gas natural, ya que el Gobierno considera que ambos sistemas mantienen una fuerte interdependencia operativa debido al rol del gas natural como principal insumo para la generación térmica. Por ese motivo, la prórroga del régimen eléctrico fue alineada con el plazo establecido para la emergencia gasífera, que también se extiende hasta fines de 2027.
En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que una interrupción del régimen excepcional podría generar discontinuidades regulatorias, afectar los procesos de inversión y comprometer la estabilidad del sistema.
Por ello, justificó el dictado del DNU al considerar que no era posible esperar el trámite legislativo ordinario sin poner en riesgo la seguridad del abastecimiento y la continuidad del proceso de normalización del mercado eléctrico.
