Meta, la compañía detrás de Facebook e Instagram, aceptó desembolsar hasta US$16.680 millones para resolver una serie de demandas impulsadas por varios estados de Estados Unidos.
Las autoridades de 29 Estados acusaron a la empresa tecnológica de haber diseñado sus redes sociales con el objetivo de fomentar la adicción entre los menores de edad. Además, señalaron que Meta engañó a los usuarios respecto a la seguridad de sus plataformas.
El gigante que agrupa a Facebook e Instagram también acordó hacer cambios con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido que debe ser validado por un juez federal de Oakland (California).
“Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado. Según Bonta, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”.
El acuerdo y las acusaciones contra Meta
El pacto alcanzado por Meta permite evitar la realización de un juicio federal en California, donde se habían unificado las demandas de los 29 Estados involucrados.
Según la acusación, la compañía habría priorizado el crecimiento y la permanencia de los jóvenes en sus redes, a pesar de los riesgos para la salud mental y el bienestar de los menores.
El testimonio de Adam Mosseri, líder de producto de Instagram, ante las preguntas de los representantes de los Estados. Fuente: REUTERS/Vicki Behringer NO RESALES. NO ARCHIVES. NO USE ABC, BBC, CBS, CNBC, CNN, FOX, NBC and all the broadcast TV local Bay Area affiliates.
Qué implica el pago millonario y cómo sigue la causa
El acuerdo establece un tope de US$16.680 millones como compensación máxima para cerrar las demandas. De esta manera, Meta busca dejar atrás uno de los litigios más importantes que enfrentó en Estados Unidos por el impacto de sus productos en adolescentes.
Con este paso, la empresa intenta evitar nuevas sanciones y restricciones que podrían surgir de un juicio, aunque el debate sobre la seguridad y el uso de redes sociales por parte de menores sigue abierto en el país.
