El Gobierno denunció penalmente a los manifestantes que protagonizaron los incidentes registrados este jueves por la tarde durante la marcha federal universitaria, en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
La presentación fue impulsada por el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad y contempla los cargos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado.
Según la presentación, los implicados actuaron deliberadamente con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. El escrito sostiene que primero dañaron bienes públicos para obtener objetos contundentes y luego los arrojaron contra integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales que cumplían funciones en el lugar.
La jornada de protesta terminó con 25 detenidos y ocho efectivos heridos.
Mariano Fuchila
La jornada terminó con al menos 25 personas detenidas. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante.
El Gobierno denunció penalmente a los manifestantes detenidos por los incidentes en el Congreso
Entre las personas aprehendidas se encuentra un adolescente de 14 años, detenido por la Policía de la Ciudad en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre, señalado por arrojar piedras contra un móvil policial. Por tratarse de un menor de edad, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia Este y se dio participación al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los enfrentamientos también dejaron ocho efectivos lesionados, según el balance difundido por las autoridades. Cuatro pertenecían a la Gendarmería Nacional, dos a la Prefectura Naval y otros dos a la Policía Federal.
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los incidentes registrados el jueves en las inmediaciones del Congreso.
Mariano Fuchila
A las consecuencias del operativo se sumaron los daños materiales. El Gobierno porteño estimó de manera preliminar en $90 millones el costo de los destrozos registrados en la Plaza de los Congresos y sus alrededores. El relevamiento incluyó afectaciones en veredas, canteros, espacios verdes y mobiliario urbano. La cifra corresponde a una primera evaluación y podría modificarse cuando concluya el inventario de los daños.
La movilización había sido convocada para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y defender los recursos destinados a las universidades públicas. La protesta coincidió con el intento opositor de reunir quórum en Diputados para avanzar con la derogación del DNU 70/2023, que finalmente no pudo tratarse por la falta de legisladores en el recinto. Los incidentes se desarrollaron en ese contexto de tensión política y parlamentaria.
Tras los hechos, Monteoliva cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios y sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia contra los efectivos ni a destruir bienes públicos. El Ministerio de Seguridad busca ahora que el material reunido permita avanzar con la investigación.
