En extenso comunicado publicado en este mismo diario, una legisladora habló de “sorpresa, indignación y preocupación en diversos sectores de la sociedad” por la decisión del gobierno provincial de eliminar del calendario escolar el término “Verdad”, que integra la trilogía de palabras “Memoria, Verdad y Justicia”.
La medida, dijo, “va en sintonía con discursos negacionistas que han ganado espacios a nivel nacional”.
Subrayó la importancia de la verdad “para que las nuevas generaciones comprendan lo acontecido y se mantenga vivo el compromiso de Nunca Más al terrorismo de Estado”.
En el mismo sentido se expresó, en otro artículo publicado en el mismo medio, el ex gobernador Capitanich.
No escribo esto en defensa del gobierno de Zdero, al que le sigo reprochando que el 19 de julio del año pasado no me haya invitado a los actos conmemorativos realizados en Colonia Aborigen Chaco por los 100 años de la masacre de Napalpí.
Lo hago al sólo efecto de destacar un error en que aquellos dos incurrieron: se refirieron a verdades históricas contadas a medias, por lo que carecen de validez. Las verdades que se cuentan a medias no sirven porque no tienen valor alguno.
¿Qué clase de memoria y verdad es esa que empieza con los crímenes políticos cometidos por los militares, pero no habla de los igualmente horrendos crímenes políticos cometidos, incluso por el Estado, durante el gobierno peronista de 1973 a 1976?
Los unos y los otros
En materia de crímenes, el gobierno que precedió al golpe militar fue sumamente hipócrita.
En otros tiempos, los criminales políticos daban la cara y podían leerse órdenes como “Fusílese: Lavalle”. “Fusílese o degüéllese. Rosas”, o “Fusílese: Aramburu-Rojas”.
Quienes así lo mandaban firmaban sus asesinatos con sus propios nombres y apellidos.
La diferencia está en que aquellos firmaban sus crímenes con sus propios nombres, en tanto que el gobierno peronista del 73 al 76 los firmaba con éste nombre de fantasía: Triple A.
Se atribuye a esta organización paraestatal manejada desde el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de José López Rega alrededor de 1.500 a 2.000 homicidios.
En una exposición ante el juez Baltazar Garzón, en Madrid, Isabel Perón trató de sacarse de encima toda responsabilidad, aduciendo que era “una pobre mujer que no entendía nada”.
Ella ejercía la Presidencia de la Nación, por lo que su declaración de candidez e inocencia no la exime del papel institucional que le tocó cumplir en aquella época en que la lucha política realmente desbordaba todo límite en materia de códigos.
Los homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y desaparición forzada de personas cometidas entre los años 1974 y 1975, muchos de ellos ejecutados por la citada Triple A, fueron la antesala del terrorismo de Estado que empezó en marzo de 1976.
Siempre hay dos clases de verdades, una de las cuales conviene que no sea dicha. Y durante ese gobierno ocurrieron cosas que a algunos les conviene que no sean recordadas.
Un país en guerra
El 24 de marzo de 2006 en oportunidad de cumplirse 30 años del golpe, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación añadió varios anexos al informe conocido como Nunca Más.
Los mismos contenían denuncias presentadas desde el gobierno constitucional de Héctor Cámpora (25 de mayo de 1973) hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Esos anexos arrojaron éste saldo: durante los gobiernos de Cámpora, de Perón y de Isabel Perón se registraron 600 desapariciones forzadas de personas y 500 ejecuciones sumarias.
Una memoria que olvida esas cosas ni es memoria ni busca la verdad de las cosas.
En las mal llamadas “casas de la memoria” tampoco hay memoria de la sucesión de episodios violentos que en los últimos meses de 1975 hicieron inevitable la intervención militar.
Hechos como la aparición del cadáver del mayor Argentino del Valle Larrabure, meses después de haber sido secuestrado, exacerbaron el deseo de venganza de sus compañeros de armas.
También sensibilizaban a la opinión militar los atentados en que perdían la vida la esposa o los hijos de los oficiales. Resultaron especialmente impactantes el ataque al Regimiento 29 de Infantería de Monte de Formosa y el asesinato del general Cáceres Monié y de su esposa.
A todo ello se sumaba que la Triple A mataba impunemente no sólo a los sospechosos de ser izquierdistas sino también a sus parientes más próximos y amigos.
Se llegó a un virtual estado de guerra civil, y en los montes tucumanos se vivían horas decisivas con el “Operativo Independencia”. Allí, El ERP ocupó durante algunas horas la localidad de Santa Lucía y fusiló a dos vecinos acusados de colaborar con la represión.
A partir de noviembre del año 1975 (cuatro meses antes del golpe) comenzaron a desarrollarse en todo el país operaciones antisubversivas en una escala hasta entonces desconocida.
Pero ello no evitó que diariamente la violencia política siguiera cobrando víctimas. Desde el 15 al 20 de marzo de 1976, 37 muertes violentas sacudieron al país.
En la madrugada del día 20 de marzo (cuatro días antes del golpe, en hecho atribuido a la Triple A), un estudiante y tres militantes obreros fueron arrancados de sus hogares y fusilados en la calle.
Estas son verdades que no están registradas en las “casas de la memoria”, las cuales sí están repletas de historias calladas.
Es faltar a la verdad que en la Comisión Provincial por la Memoria no existan registros oficiales de los hechos violentos que la subversión perpetró en el Chaco durante el gobierno de Bittel, quien públicamente denunció que “hay sectores que nos están empujando a la guerra civil”.
La historia debe ser respetada, y la mejor forma de respetarla es no contarla a medias como lo hacen algunos sectores políticos.
