El Senado francés examina este martes un proyecto de ley que endurece las sanciones contra los responsables de disturbios y daños materiales y una enmienda del Gobierno que permitiría bloquear plataformas digitales que no retiren con rapidez contenidos que inciten a la violencia o a la insurrección.
La iniciativa, denominada “el que rompe, paga”, será debatida y votada este martes en la Cámara Alta. El texto busca facilitar la indemnización de las víctimas y reforzar la responsabilidad civil y penal de quienes participen en destrozos durante manifestaciones.
El proyecto surgió tras los disturbios y saqueos registrados durante las protestas del pasado 17 de octubre y recibió una docena de enmiendas de la comisión de Leyes del Senado, que endurecieron sus disposiciones.
Entre las medidas propuestas figuran el uso de drones con fines judiciales, la suspensión de cuentas en servicios en línea y la posibilidad de embargar determinadas prestaciones sociales a los responsables de daños. Además, las penas máximas de prisión aumentarían de uno a tres años y las multas pasarían de 15.000 a 45.000 euros.
El texto también contempla ampliar la responsabilidad civil a las personas que permanezcan en el lugar de los destrozos pese a una orden de dispersión, con el objetivo de facilitar la reparación de los daños.
El límite de 10.000 euros previsto para los reembolsos por persona implicada en los daños generó críticas por considerarse insuficiente. Sin embargo, algunos legisladores sostienen que elevar esa cantidad podría exponer el proyecto a un riesgo importante de inconstitucionalidad.
Los partidos de izquierda advirtieron sobre las posibles consecuencias de la reforma para la libertad de manifestación. Los defensores de la iniciativa, en cambio, sostienen que busca distinguir entre los manifestantes pacíficos y quienes cometen delitos durante las protestas.
En paralelo, el Ejecutivo presentó el lunes una enmienda que permitiría solicitar el bloqueo o la desindexación de plataformas digitales que no retiren contenidos ilícitos dentro de los plazos establecidos.
La propuesta fija un plazo de una hora para eliminar publicaciones que inciten a atentados, a la insurrección o al uso de armas contra el Estado o una parte de la población.
Para otros contenidos que inciten directamente a delitos graves, como agresiones, robos y destrucciones capaces de provocar una alteración grave del orden público, la enmienda establece un plazo de hasta 24 horas para su retirada.
El Gobierno argumenta que las redes sociales pueden contribuir a la propagación de la violencia mediante la difusión de mensajes y convocatorias que favorezcan los saqueos y los enfrentamientos.
La reforma también ampliaría las competencias de Pharos, el servicio policial francés que recibe denuncias sobre contenidos ilícitos en internet.
Sin embargo, la propuesta plantea interrogantes jurídicos. En 2025, el Consejo de Estado francés consideró desproporcionado el bloqueo de TikTok en Nueva Caledonia durante los disturbios de 2024, aunque dejó abierta la posibilidad de imponer restricciones en circunstancias excepcionales.
Tras el examen en el Senado, el Gobierno espera que el proyecto avance rápidamente en la Asamblea Nacional para responder cuanto antes a los episodios de violencia y saqueos registrados en el país.
