En Argentina, hablar de educación vial sigue siendo, muchas veces, una reacción tardía frente a la tragedia.
Se discute después del siniestro, se reclama después de la pérdida, se legisla después del dolor. Pero la pregunta de fondo permanece: ¿Quién debe educar en materia vial? ¿La familia o el Estado? La respuesta, incómoda pero necesaria, es que no se trata de elegir. La educación vial es una responsabilidad compartida.
Por un lado, la familia es el primer espacio de aprendizaje, no desde el discurso sino desde el ejemplo. Un niño no aprende a respetar un semáforo porque se lo expliquen, sino porque ve si sus padres lo hacen.
No incorpora el cinturón por una campaña, sino por hábito. Y los hábitos construyen cultura. Cuando esos hábitos están atravesados por la imprudencia o la indiferencia, el mensaje es claro: vivimos en una sociedad bajo la anomia, donde conocemos la norma, pero la ignoramos, haciendo que pierda valor.
Por otro lado, el Estado tiene un rol indelegable, no solo en la enseñanza formal, sino en el control, la sanción y la generación de políticas públicas sostenidas. Educar no es solo informar: es formar conductas. Y eso requiere presencia, coherencia y continuidad.
No alcanzan campañas esporádicas ni controles aislados; se necesita una política integral que entienda a la seguridad vial como una cuestión de salud pública.
A esto se suma el contexto social en el que crecen los jóvenes. Vivimos en una cultura donde el riesgo se naturaliza: el exceso de velocidad, el uso del celular al volante o el consumo de alcohol antes de conducir ya no son excepciones, sino prácticas habituales. Esto responde a una anomia social donde la transgresión deja de ser condenada y pasa a formar parte del paisaje.
En este escenario, pretender que la educación vial funcione de manera aislada es ingenuo. No se puede enseñar respeto por la norma en un entorno que la desvaloriza, ni exigir responsabilidad individual en una sociedad que muchas veces premia la viveza.
Por eso, el desafío es mayor. Educar en seguridad vial implica reconstruir el valor de la norma, resignificar el cuidado propio y del otro, y entender que conducir no es un acto individual, sino social. Cada decisión al volante impacta en terceros. Cada imprudencia es un riesgo compartido.
La pregunta deja entonces de ser “¿Quién debe educar?” para transformarse en “¿Qué estamos haciendo, cada uno desde su lugar, para cambiar esta realidad?”.
Porque mientras sigamos buscando responsables aislados, seguiremos llegando tarde. Y en seguridad vial, llegar tarde siempre se paga demasiado caro.
