La Cámara de Senadores aprobó por 46 votos a favor y 22 en contra el proyecto de Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, pero modificó el artículo tercero dejando de lado las mayorías de dos tercios de las Cámaras del Senado y de Diputados para remover a las autoridades y al directorio de la entidad.
El Poder Ejecutivo insistió durante el transcurso del debate con el proyecto original. Hubo llamados telefónicos a la senadora Patricia Bullrich, pero la legisladora mantuvo el acuerdo con la propuesta de los aliados, a la cual se sumó el bloque Justicialista en los cambios al artículo tercero.
“Necesitamos que el Banco Central deje ser esa caja que fue. El Banco Central fue una caja que financió absolutamente al Gobierno, que le pedía plata sin fondo. Por eso hoy estamos tratando esta ley, que no es una ley cualquiera, es una misión clara”, argumentó la senadora Patricia Bullrich.
El quórum al límite
Los senadores radicales Maximiliano Abad de la provincia de Buenos Aires, los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez y los santafecinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto no bajaron al recinto y estuvo por caerse la convocatoria a sesionar.
Los cinco legisladores de la bancada radical de Eduardo Vischi, no dieron quórum y se manifestaron en contra del proyecto de ley de Zonas Frías por pertenecer a regiones del país que perderán sus subsidios en las tarifas de gas.
Con el quórum justo de 37 senadores, La Libertad Avanza abrió el recinto y comenzó el debate. El porteño Agustín Monteverde fue quien cuestionó al kirchnerismo por las gestiones anteriores.
“Esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”, señaló.
Uno de los principales objetivos del Gobierno con la reforma es reforzar como función central del Banco Central la preservación del valor de la moneda.
El proyecto modifica el funcionamiento del organismo, limita los mecanismos de financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, establece nuevas reglas para la distribución de las utilidades y apunta a fortalecer la independencia de sus autoridades.
Entre los cambios aprobados figura la eliminación de la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del Banco Central.
Cambios a la norma
La bancada Justicialista de José Mayans votó en contra, pero acompañó al oficialismo y a sus aliados en la modificación del artículo tercero referido a las mayorías necesarias para la destitución de las autoridades de la entidad bancaria.
“No queremos que después los diputados rechacen los cambios e insistan con su sanción”, le dijo a TN un senador peronista. Los reglamentos legislativos indican que cuando la cámara revisora le hace cambios, el proyecto vuelve a la cámara de origen para que analice las modificaciones. Si no las acepta e insiste con su sanción original deberá alcanzar como mínimo los porcentajes de los votos logrados en la revisión.
Es decir que la unanimidad lograda en el rechazo al artículo tercero, deberá alcanzar la unanimidad de Diputados para mantener su sanción original. Un porcentaje imposible de alcanzar con las posturas de UxP y el Frente de Izquierda en la Cámara baja.
El proyecto que aprobó Diputados, el pasado 26 de agosto, con el aval del oficialismo y aliados, y el rechazo de la oposición fue que el presidente, el vicepresidente y los directores solo podrán ser apartados de sus cargos por las causales expresamente previstas en la ley. La destitución, además, deberá contar con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso, con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
El sistema de designación se mantiene: los integrantes del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán contar con el acuerdo del Senado por mayoría calificada.
Pero en esta oportunidad los aliados del Senado, la UCR principalmente de la mano del titular del bloque, Eduardo Vischi, sostuvo que: “No puede establecerse mayorías para nombrarlo y otras mayorías especiales para destituirlo”, en relación a las autoridades del BCRA.
Otra de las bancadas que dejó en claro su postura fue Convicción Federal de Carolina Moisés. El senador Guillermo Andrada dijo: “La autoridad monetaria no se puede hacer responsable de alguien que maneja en forma irresponsable lo fiscal, pero tampoco podemos tener una autoridad monetaria que no se pueda modificar ante necesidades emergentes”.
Rechazo Justicialista
Mayans calificó la iniciativa como “inconstitucional” y cuestionó que los cambios concentren la toma de decisiones en el Directorio y limiten casi hasta su extinción la capacidad de control parlamentario.
Uno de los principales objetivos del Gobierno con la reforma es reforzar como función central del Banco Central la preservación del valor de la moneda. El proyecto modifica el funcionamiento del organismo, busca limitar los mecanismos de financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, establece nuevas reglas para la distribución de las utilidades y apunta a fortalecer la independencia de sus autoridades.
Entre los cambios aprobados por Diputados figura la eliminación de la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del Banco Central.
El Gobierno logró aprobar el recorte de subsidios en Zonas Frías
El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno, una iniciativa que recorta el alcance del esquema de subsidios al gas y que generó fuertes tensiones entre el oficialismo y sus aliados por el impacto que tendrá sobre millones de usuarios de distintas provincias del país.
De esta manera, se modifica el esquema de subsidios al gas para zonas frías, ampliado en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández.
El peronismo, algunos senadores radicales y los representantes de la bancada Moveré Santa Cruz se retiraron del recinto al momento de tratar el proyecto. Fue aprobado por 38 votos afirmativos y ocho negativos y se convirtió en ley.
“Detrás de esta discusión hay una cuestión que debemos tener presente: la Argentina es un país grande y diverso. Lo que se corrige es un beneficio que se deja de otorgar por la ubicación geográfica y pasa a considerar también la situación de cada hogar”, señaló la radical de Corrientes Gabriela Valenzuela.
El objetivo del proyecto impulsado por el Ministerio de Economía es dar marcha atrás con esa extensión y reducir el alcance geográfico automático del beneficio, reservado para las regiones de clima más extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Así, perderían el beneficio los usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
El Gobierno prometió a los gobernadores del Norte del país implementar un régimen de Zonas Cálidas, una medida equivalente en sus distritos para subsidiar las tarifas eléctricas durante el verano y sus altas temperaturas.
Pese a esas promesas desde la UCR presentaron proyectos sobre este tema. El diputado Guillermo Agüero (UCR-Chaco) establece en su iniciativa una tarifa diferencial que subsidia hasta el 50% de las facturas de luz para compensar el alto consumo eléctrico derivado de las altas temperaturas y la falta de acceso masivo a redes de gas natural en el norte del país. Desde el Senado, el jefe de la bancada, Eduardo Vischi, también está preparando una norma similar que piensan activar si la compensación prometida desde el Poder Ejecutivo no se produce.
Mientras que el bonaerense Maximiliano Abad aclaró: “Defiendo el equilibrio fiscal, porque es una condición necesaria para que la Argentina tenga estabilidad y pueda crecer, pero no a costa de trasladar todo el esfuerzo a las familias. La modificación de la Zona Fría es una decisión arbitraria e injusta, que no contempla la realidad climática ni económica de nuestra provincia de Buenos Aires, donde 1,3 millones de hogares de 94 municipios, donde viven alrededor de 5 millones de personas, podrían quedar desprotegidos de un día para el otro”.
“No podemos aceptar que una familia de clase media de Mar del Plata, Tandil o Necochea termine pagando más por el gas que una mansión o un hotel de lujo de la Patagonia. Siempre defendí la necesidad de focalizar los subsidios, pero con criterios objetivos, científicos y sociales. Esta ley perjudica a los bonaerenses y particularmente a Mar del Plata. Por eso, no voy a acompañarla”, agregó Abad.
La mendocina Mariana Juri también cuestionó la decisión del Gobierno de avanzar con la quita de subsidios: “No podemos avanzar sobre un proyecto que genera más inequidad. Apelo a la responsabilidad de todos para que lo rechacemos y nos sentemos a generar un sistema de subsidios más justo, segmentado por zonas, temporada y nivel de ingreso”, expresó.
TN

