jueves 19 de noviembre, 2026

El Presupuesto 2027 fija un tope a la cantidad de cargos públicos y exige autorización para cubrir vacantes en el Estado

19 de noviembre 2026

El Gobierno busca mantener bajo control el tamaño de la estructura estatal. El dictamen que obtuvo el Presupuesto 2027 incorpora dos artículos que establecen límites a la cantidad de cargos en la Administración Pública Nacional y restringen la posibilidad de cubrir vacantes sin autorización previa de la Jefatura de Gabinete.

Las disposiciones están contempladas en los artículos 6 y 7 del proyecto. En conjunto, fijan un mecanismo de control sobre las dotaciones de personal de los distintos organismos y jurisdicciones, tanto para los puestos que ya están vacantes como para aquellos que se generen a partir de la entrada en vigencia de la ley, que en principio se trataría en el recinto de la Cámara baja el 25 de noviembre y luego, si se aprueba, deberá pasar por el Senado.

El artículo 6 establece que la cantidad de cargos y horas de cátedra de cada jurisdicción y entidad de la Administración Pública Nacional quedará estipulada y dispone que no se podrán aprobar incrementos que superen los límites fijados para cada organismo.

Si bien el texto contempla una posibilidad de ampliar esas dotaciones, solo el jefe de Gabinete podrá autorizar un aumento de los cargos y horas de cátedra mediante una decisión fundada y con la intervención previa de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, comandada por Carlos Guberman.

El artículo también establece excepciones a los límites. Entre ellas, contempla las autoridades superiores del Poder Ejecutivo y determinados puestos vinculados con las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.

También quedan exceptuados los cargos correspondientes a profesionales de establecimientos hospitalarios y asistenciales dependientes del Ministerio de Salud, el personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego, los puestos de la Procuración General y la Defensoría General de la Nación, y los del Centro Nacional de Ciberseguridad.

La lista incluye, además, las incorporaciones que respondan al cumplimiento de sentencias judiciales firmes y los cargos correspondientes a funciones ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

El artículo 7, en tanto, profundiza el esquema de restricciones. Allí se establece que los organismos de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos que estén vacantes al momento de la entrada en vigencia de la ley ni aquellos que queden libres posteriormente sin contar con la autorización previa del jefe de Gabinete.

De esta manera, la posibilidad de reemplazar a un trabajador que deja su puesto o de incorporar personal para cubrir una vacante quedará sujeta a una decisión de la Jefatura de Gabinete.

Información trimestral sobre las contrataciones

Los artículos también incorporan la obligación de informar para reforzar el seguimiento de las dotaciones estatales. El texto dispone que todas las jurisdicciones y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda los datos correspondientes a la totalidad de sus plantas de personal y las contrataciones.

A su vez, Hacienda tendrá que publicar esa información en su sitio web. El escrito deberá estar disponible hasta el quinto día hábil posterior al cierre de cada trimestre calendario.

El esquema de control sobre el empleo público ya había tenido un antecedente a comienzos de este año. A través de la Decisión Administrativa 1/2026, publicada el 19 de enero, el Gobierno estableció que los organismos de la Administración Nacional debían informar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda sobre la evolución de sus plantas y las contrataciones de personal.

En un contexto en el que el Gobierno mantiene el equilibrio fiscal como uno de los ejes de su programa económico, el Presupuesto 2027 busca darle continuidad a los mecanismos para ajustar el gasto público que ya había implementado durante este año.

Según los últimos datos del INDEC, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026 el total de empleados de la Administración Pública Nacional y las empresas y sociedades del Estado cayó de 343.357 a 266.205, lo que representa una disminución de 77.152 puestos, equivalente al 22,5%.

La mayor parte de la reducción se registró en la Administración Pública Nacional. En ese segmento, la cantidad de trabajadores pasó de 233.098 en noviembre de 2023 a 179.396 en septiembre de 2026. Son 53.702 puestos menos, una contracción del 23%.

La baja también alcanzó a las empresas y sociedades del Estado. En noviembre de 2023 tenían 110.259 empleados, mientras que en septiembre de este año la cifra descendió a 86.809. Así, el recorte fue de 23.450 puestos, lo que representa una caída del 21,3%.

Fuente: TN

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