El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, dispuso la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.
Además, también se prohibió la permanencia de las personas privadas de la libertad "en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos".
La medida fue oficializada tras la publicación de la Resolución 372/2025 publicada en el Boletín Oficial de la fecha. En el documento, destacan que estos centros fomentan un esquema incompatible con el "sistema de reinserción social".
Según explicaron en el texto de la medida, uno de los fines de la ejecución de la pena privativa de la libertad es "el de procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia".
En ese sentido, justificaron que "la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social".
