Mientras el frente fiscal mantiene las tensiones por la caída de la recaudación, el Gobierno puso en marcha un nuevo mecanismo de ajuste sobre el gasto.
Semanas atrás, la jefatura de Gabinete les pidió a los ministros que apliquen una reducción sobre sus erogaciones. Esa decisión se oficializará en los próximos días y dejará asentados algunos detalles sobre cómo podrán manejar los organismos sus ingresos y sus gastos.
La definición -que fue impulsada desde la jefatura de Gabinete y se trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía- quedará plasmada en una decisión administrativa en la que se presentarán alternativas o programas que puedan sufrir un achique. La disposición marcará que no se podrá reducir el empleo público.
Esta no es la primera vez que se oficializa una medida de estas características. A mediados de enero, se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 1/2026 que fijó algunas directivas sobre el manejo del Presupuesto de la administración pública nacional.
Por ejemplo, estableció que las jurisdicciones y entidades de la administración nacional deberán remitir trimestralmente la información correspondiente a la evolución de sus plantas y contrataciones de personal a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que conduce Carlos Guberman. Algo similar podría describirse en la nueva decisión administrativa.
Hace unas semanas, el Gobierno instruyó a los ministerios a profundizar el ajuste del gasto público para resguardar el superávit fiscal y cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Casa Rosada definió una pauta presupuestaria para el gabinete que contempla un recorte adicional del 2% en el gasto corriente y del 20% en el gasto de capital. Según comentaron en el Ejecutivo, varias dependencias ya presentaron algunos de sus planes para cumplir con ese objetivo.
El superávit fiscal no solo es una de las variables troncales sobre las que se sostiene el programa económico sino que también es una de las principales metas del acuerdo con el Fondo. Bajo esa premisa, el Gobierno acordó con el FMI llevar el resultado primario positivo a 2,2% del PBI este año, aunque en la segunda revisión del acuerdo se mencionó una suerte de flexibilización a 1,4% del producto. En tanto, en el Presupuesto esa previsión es de 1,5% del PBI.
Según los últimos datos fiscales disponibles, el Sector Público Nacional acumuló tres meses consecutivos con números positivos y en el primer trimestre se alcanzó un superávit primario cercano al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero equivalente al 0,2% del PBI.
