En la Argentina, la ley número 1420 sancionada el 8 de julio de 1884 significó un duro golpe para la Iglesia porque puso fin a la enseñanza de la doctrina católica en las escuelas oficiales.
A partir de esa ley, la enseñanza primaria elemental debía ser común, gratuita, gradual y obligatoria.
Ese revolucionario instrumento legal fue el corolario de una guerra que se venía dando desde hacía tiempo y donde los liberales denominaban “sacristanes” a los católicos y estos llamaban “masones” a los liberales, en obvia alusión a Sarmiento.
De hecho, muchos vieron en la referida ley la mano de ese ex presidente que llegó a ostentar el Grado 33 de la Masonería Argentina y que ese año 1884 se desempeñaba como Superintendente General de Escuelas del gobierno de Julio A. Roca.
El 31 de octubre de ese mismo año la Iglesia acusó otro duro golpe con la la Ley Nº 1.565 de creación del Registro Civil.
Hasta entonces, los nacimientos, matrimonios y defunciones estaban a cargo de la Iglesia a través de sus parroquias, las cuales cobraban un arancel por los mismos.
El traspaso de tales registros del control eclesiástico al control estatal significó un duro golpe económico, para la Iglesia.
Sumadas a otros hechos que comenzaron a perfilarse en Córdoba a principios de ese año 1884, esas medidas gubernamentales terminaron rompiendo las relaciones entre Argentina y El Vaticano.
El conflicto cordobés
El conflicto en Córdoba comenzó cuando el vicario capitular de Córdoba, monseñor Jerónimo Emilio Clara (“defensor argentino de los derechos de la Iglesia”) emitió una explosiva pastoral prohibiendo a los católicos enviar a sus hijos a la Escuela Normal de Maestros porque allí enseñaban maestras protestantes traídas de los Estados Unidos.
Además de considerar “herejes” a dichas docentes, aplicó un anatema (una suerte de excomunión) al referido colegio.
El gobierno de Roca reaccionó expulsando a monseñor Clara de la sede del Obispado por “desestabilizador y subversivo”.
El prelado respondió con una carta pastoral en la que sostenía que la libertad de la Iglesia era un derecho divino.
Notorios referentes católicos se manifestaron en el sentido de que el gobierno roquista estaba subvirtiendo las leyes del país, ofendiendo la dignidad e independencia de la Iglesia, y atentando contra elementales prescripciones canónicas.
La túnica y la espada
Como forma de resistencia a la ley de enseñanza laica, se realizó en Buenos Aires un congreso católico presidido por José María Estrada, en cuyo homenaje hoy en Argentina se celebra el Día del Profesor.
En ese cónclave se comenzó a hablar de la creación de un futuro partido político católico.
Una de las resoluciones tomadas allí se refería a la necesidad de que los católicos argentinos “intervengan en la vida política unidos y uniformados en la acción, y teniendo por propósito mantener el predominio de los principios cristianos en la vida pública y en el gobierno del país”.
El orador central, Estrada, llamó al pueblo católico (al que definió como “tribu de Judá”) a la guerra santa. Recordó estas (supuestas) palabras de Jesús que están en Mateo 22:36: (“El que no tenga espada, que venda su manto para comprar una”.Y terminó su discurso con esta invocación: “¡Bendecid vuestra tribu de Judá! ¡A vender la túnica, y a comprar la espada!”.
Ya con el conflicto en estado incandescente, apareció por Córdoba el Nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Luiggi Matera.
Lo hizo para consagrar a Fray Juan Capistrano Tissera como nuevo obispo y amonestar a la directora de la Escuela Normal.
A la misma, como si fuera una subalterna suya, le impuso estas condiciones para el retorno de los alumnos católicos: que envíe una nota de pedido al obispo; que permita la enseñanza del catecismo y que autorice al obispo a visitar periódicamente la escuela para verificar el cumplimiento de la enseñanza del catecismo.
Esto fue interpretado por el presidente Roca como una inaceptable intromisión del Vaticano en los asuntos de un país extranjero, y pidió explicaciones al Nuncio Apostólico.
Este, a través de una nota, a su vez pidió explicaciones por las críticas periodísticas hacia su persona. El gobierno le devolvió la nota, sin respuesta alguna.
Matera, entonces, le escribió directamente al presidente Roca. Recibió como respuesta la devolución de su pasaporte y su expulsión del país, que se efectivizó el 18 de octubre de 1884.
El gobierno hizo aún más: suspendió al obispo de Salta, monseñor Buenaventura Risso Patrón, e intervino los obispados de Santiago del Estero y Jujuy, a cuyos obispos también separó de sus cargos.
La razzia continuó con la expulsión de sus cátedras de varios profesores universitarios que en Córdoba y Buenos Aires protestaban contra esas decisiones del gobierno.
Entre los expulsados estaba el citado José Manuel Estrada, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), considerado uno de los máximos referentes del pensamiento católico y “campeón de la oposición al laicismo y al liberalismo”.
La suma de todo esto y otras cosas derivó en el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Argentina y El Vaticano.
Las mismas se reanudaron recién seis años después, en 1900, paradójicamente durante la segunda presidencia de quien había comenzado todo: Julio Argentino Roca.
