La Justicia Federal decidió mantener tras las rejas a los últimos dos agentes policiales arrestados por su presunta vinculación con el intento de sustracción de estupefacientes durante una incineración oficial en Colonia Benítez.
Fallo judicial y acusados
En una audiencia de revisión llevada a cabo este miércoles, el juez de Revisión, Enrique Jorge Bosch, confirmó la medida cautelar contra Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García. Ambos efectivos pertenecían a la División Consumos Problemáticos y seguirán bajo custodia mientras avanza la causa que los investiga por malversación de fondos públicos y por integrar una red dedicada al tráfico de drogas.
Argumentos de la defensa rechazados
Durante la jornada, los abogados defensores buscaron anular el fallo emitido originalmente el 17 de abril. Entre sus principales planteos, destacaron:
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La supuesta escasez de evidencias incriminatorias.
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La inexistencia de peligros procesales que justificaran la cárcel.
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En el caso de uno de los imputados, se pidió la prisión domiciliaria, argumentando su rol como jefe de hogar y la necesidad de cuidar a sus hijos menores.
Pese a estos intentos, el magistrado Bosch consideró que las pruebas y la gravedad del caso ameritan que ambos sospechosos permanezcan detenidos en un centro penitenciario.
El núcleo de la acusación
Los efectivos están vinculados a una red interna que, presuntamente, sustraía cargamentos de droga —principalmente cocaína y marihuana— que debían estar bajo custodia judicial para su posterior destrucción. En lugar de ello, el material era reingresado al circuito ilegal.
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Los implicados: Se trata de oficiales de distintos rangos que ya habían sido apartados de sus funciones tras los primeros allanamientos.
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Cargos: Los delitos imputados incluyen malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita agravada por su condición de policías.
Evidencia determinante
La confirmación de la preventiva llega tras el análisis de pruebas clave recopiladas por la fiscalía:
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Faltantes en depósitos: Auditorías sorpresivas revelaron una discrepancia significativa entre el pesaje declarado en las actas de secuestro y la cantidad real hallada en los depósitos de la fuerza.
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Escuchas y pericias: El peritaje de teléfonos celulares oficiales y privados permitió reconstruir comunicaciones donde se coordinaba la "desviación" de los bultos.
"Este fallo reafirma la postura de 'tolerancia cero' ante la corrupción institucional. Quienes debían combatir el narcotráfico terminaron alimentándolo", señalaron fuentes cercanas a la investigación.
Impacto Institucional
Este caso ha generado una profunda reestructuración dentro de la Policía del Chaco. Además de las detenciones, el Ministerio de Seguridad ha iniciado sumarios administrativos y ordenado el relevo de jefaturas de área para garantizar la transparencia en los procesos de custodia de evidencias.
Con la preventiva firme, los imputados esperarán el juicio oral en centros de detención comunes, marcando un precedente en la lucha contra las bandas delictivas operando dentro del Estado.
