El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a Roberto Domingo Mazzoni y a César Pablo Casco a 14 y 13 años de prisión, respectivamente, en un juicio abreviado en el que ambos asumieron su responsabilidad por los hechos imputados.
Se trata de la decimocuarta sentencia por crímenes de lesa humanidad dictada en la provincia del Chaco.
La Jueza subrogante Emilce Rojas del Tribunal Oral Federal de Resistencia dio a conocer este miércoles 21 de octubre la sentencia correspondiente al juicio abreviado que condenó al exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni y al exjefe penitenciario César Pablo Casco por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La audiencia se había realizado el pasado 6 de octubre, con la presencia de los imputados, asistidos por la Defensa Oficial, quienes asumieron expresamente su responsabilidad por los hechos y delitos incluidos en la acusación, leída por los fiscales y acompañada por las querellas de las subsecretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia del Chaco.
En esa misma instancia, las víctimas y sus familiares manifestaron su conformidad con la realización del juicio abreviado, por considerar que constituía una forma de reparación.
Mazzoni fue condenado por los delitos de encubrimiento por infracción del deber de denunciar delitos, omisión de dar cuenta de una detención ilegal y omisión de promover la persecución y represión de delincuentes, en relación con los hechos que tuvieron como víctimas a Aníbal Ponti, Hugo Barúa y Eugenio Domínguez Silva.
Por su parte, Casco fue condenado como autor del delito de tormentos agravados por haber sido cometidos contra una persona perseguida política, en perjuicio de Carlos Raúl Aranda.
Los casos por los que fueron condenados
La responsabilidad del exfiscal Mazzoni
Mazzoni fue condenado, en primer lugar, por no haber investigado las reiteradas denuncias de Aníbal Ponti, quien había denunciado haber sido torturado en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Brigada de Investigaciones.
Además, ante la presentación de un hábeas corpus por parte de Ponti, Mazzoni concurrió a la Brigada junto con el médico policial y fue considerado responsable de su participación en un informe médico inexacto, que atribuyó las lesiones de la víctima a simples manchas provocadas por la falta de higiene.
Asimismo, Mazzoni fue encontrado responsable de haber dado tratamiento judicial como mayor de edad a Eugenio Domínguez Silva, pese a que, de acuerdo con la normativa legal vigente, era menor de edad. Domínguez Silva también denunció ante Mazzoni diversas torturas, pero el entonces funcionario no impulsó ninguna investigación al respecto.
En febrero de 1978, cuando Domínguez Silva se encontraba a disposición del Juzgado Federal, fue retirado ilegalmente de la Alcaidía y ocultado en la Brigada de Investigaciones ante la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Por otra parte, Mazzoni fue condenado por no haber investigado las denuncias de Hugo Barúa sobre las torturas sufridas en la Brigada de Investigaciones, así como por la falta de atención médica cuando contrajo tuberculosis durante su detención en la Alcaidía.
En los casos de Mirta Clara y Gregoria Pérez, la sentencia modificó la calificación legal de la sentencia del año 2019 , de acuerdo con lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal, y encuadró las conductas como tormentos psicológicos agravados, en lugar de apremios ilegales.
En ambos casos, las detenidas políticas habían acudido al despacho de Mazzoni para denunciar las torturas padecidas. Según los hechos acreditados, el entonces funcionario las amedrentó: en uno de los casos, llamó a la Brigada de Investigaciones para consultar si debía devolver a la detenida al centro clandestino; en el otro, la apuntó con un arma de fuego.
La responsabilidad del exjefe penitenciario Casco
En el caso de César Pablo Casco, la sentencia lo responsabilizó por ordenar un castigo contra Carlos Raúl Aranda en la Unidad Penitenciaria Federal N.º 7 (U7).
Aranda fue alojado durante 30 días en una celda de confinamiento, desnudo, sometido a baños de agua helada dos veces por día en pleno invierno y con una alimentación mínima.
Las condenas anteriores de Mazzoni y Casco
En 2019, en la causa conocida como Complicidad Judicial y Servicio Penitenciario Federal, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a Roberto Mazzoni y a César Pablo Casco a 11 años de prisión por diversos crímenes de lesa humanidad.
En 2021, en el juicio Caballero III, el exoficial penitenciario Casco fue condenado a tres años y seis meses de prisión.
Posteriormente, en 2024, en el juicio Complicidad Judicial II, Mazzoni recibió una condena de cinco años y seis meses de prisión por presenciar una sesión de tortura en su condición de funcionario judicial.
Las sentencias por crímenes de lesa humanidad en el Chaco
Desde la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad, en 2004, la provincia del Chaco registra 14 sentencias dictadas por el Tribunal Oral Federal de Resistencia y el Juzgado Federal N.º 1.
Los juicios Caballero I, Caballero II y Caballero III, que juzgaron crímenes cometidos en la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía Policial y la Unidad Penitenciaria Federal N.º 7, tuvieron sentencias en 2010, 2018 y 2021, respectivamente.
Por su parte, las causas que investigaron las responsabilidades por la Masacre de Margarita Belén tuvieron sentencias en 2011, 2013 y 2022.
Asimismo, en 2019 se dictaron sentencias en los juicios Ligas Agrarias y Complicidad Judicial I. Posteriormente, se desarrollaron las causas Conscriptos, en 2022, y Complicidad Judicial II, en 2024.
También se sustanciaron los juicios abreviados Aníbal Muñoz, en 2025, y Complicidad Judicial III, en 2026.
Finalmente, el Juzgado Federal dicto sentencias por el derecho a la verdad en los casos de Pablo Martinelli, en 2023, y Carlos Tereszecuk, en 2025.
