Los trabajadores de Exen Gym avanzaron con una medida cautelar para intentar recuperar sus fuentes laborales mientras continúa la investigación federal por presunto lavado de activos. El planteo propone que una de las cuatro sociedades investigadas sea intervenida judicialmente y pueda volver a funcionar en tres de las sucursales actualmente alcanzadas por las medidas dispuestas en la causa.
En la vereda del Juzgado Federal de Resistencia , el abogado Ignacio Sinkovich , representante de los empleados, explicó que el pedido busca habilitar nuevamente los gimnasios ubicados sobre Arturo Illia, avenida Las Heras y Santiago del Estero , donde, según indicó, las máquinas continuaban instaladas y operativas al menos hasta comienzos de esta semana.
"La medida cautelar es autónoma dentro del propio expediente penal. Básicamente, lo que se pide es una intervención judicial sobre una de las cuatro sociedades investigadas ", explicó Sinkovich. Según detalló, la presentación fue firmada inicialmente por alrededor de 40 trabajadores , aunque una eventual resolución favorable podría alcanzar a unas 80 personas afectadas directamente por el cierre de las sucursales.
Un administrador y dos veedores públicos
La propuesta de los empleados no contempla que la sociedad vuelva a funcionar bajo la administración anterior. Por el contrario, solicitan que la actividad quede sometida a control judicial permanente . Para ello, propusieron como administrador a uno de los propios trabajadores de la empresa, quien, según Sinkovich, es contador público y ya se ocupaba de tareas como liquidación de salarios, operaciones bancarias y administración cotidiana.
Además, la cautelar solicita la designación de dos veedores provenientes de organismos públicos . Uno de ellos sería propuesto por ARCA , mientras que el segundo dependería del Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo del Chaco , a través del área de Empleo.
"La encargada de intervenir la empresa va a ser la jueza que lleva el caso, pero se necesitan órganos de contralor públicos para llevar adelante este tipo de medidas", explicó el abogado. De esta manera, cualquier movimiento de dinero, pago de salarios, alquileres o gastos de funcionamiento debería quedar registrado y sujeto a rendición de cuentas ante el tribunal.
Uno de los principales obstáculos para una eventual reapertura está directamente relacionado con el núcleo de la causa penal: las máquinas y bienes que la Fiscalía investiga como parte de un presunto esquema de lavado de activos . La jueza Zunilda Niremperger había señalado previamente que debía analizarse con especial cuidado cualquier posibilidad de continuar produciendo ingresos a partir de bienes que, según la hipótesis de la investigación, podrían haber sido adquiridos con fondos provenientes de actividades ilícitas.
Sinkovich cuestionó que esa circunstancia impida necesariamente la intervención y sostuvo que los imputados continúan amparados por el principio de inocencia mientras no exista una sentencia firme. Además, planteó que mantener funcionando la sociedad podría incluso preservar el valor económico de los bienes en caso de que, eventualmente, exista una condena y se ordene un decomiso. "¿Qué bienes se van a decomisar de una empresa que, si sigue cerrada, no va a quedar ni el cartel?", planteó.
También piden levantar parte de los embargos
La medida incluye otro planteo sensible: levantar las restricciones económicas únicamente sobre las cuentas de la sociedad que pretenden intervenir . Sinkovich aclaró que no están reclamando la liberación patrimonial de todas las empresas investigadas. De las cuatro sociedades alcanzadas por el expediente, el pedido se limita a una, vinculada con las tres sucursales que los trabajadores buscan poner nuevamente en funcionamiento.
Las restantes continuarían, de acuerdo con la propuesta, bajo las mismas medidas cautelares actualmente vigentes. "Si la jueza autoriza esta medida, van a poder operar. La diferencia es que de los giros y los pagos el administrador va a tener que ir rindiendo cuentas", indicó.
Según el abogado, los trabajadores también acordaron redistribuir las horas y cargas laborales entre las tres sedes que podrían abrirse, ante la imposibilidad de recuperar por ahora la totalidad de las sucursales que tenía la cadena.
"No saben si buscar trabajo o esperar"
Más allá de los argumentos jurídicos, Sinkovich puso el foco en la situación económica de quienes quedaron sin actividad luego de los allanamientos. El abogado señaló que dentro del grupo existen trabajadores registrados y otros que prestaban servicios bajo diferentes modalidades, información que fue incluida en la presentación mediante una planilla con la situación particular y antigüedad de cada uno.
"La jueza Niremperger tiene en sus manos actualmente el destino de estas 80 familias y también el hambre de muchos chicos , porque hay muchos que son padres y madres y tienen que darle un sustento a su familia a fin de mes", afirmó. También cuestionó la incertidumbre generada mientras esperan una resolución. "No saben cómo el mes que viene van a pagar las cuentas. No saben si tienen que salir a buscar trabajo o si tienen que volver acá. Una respuesta, tanto favorable como desfavorable, por lo menos pondría un punto final a esa incertidumbre", sostuvo.
Ahora deberá resolver Niremperger
El planteo quedó en manos del Juzgado Federal N°1 de Resistencia , a cargo de Niremperger. Según explicó Sinkovich, por tratarse de una cautelar vinculada con una investigación penal, es probable que la magistrada corra vista al fiscal Patricio Sabadini antes de adoptar una decisión.
El dictamen del Ministerio Público Fiscal no determinará por sí mismo el resultado de la presentación, aunque será uno de los elementos que tendrá en cuenta el juzgado.
Fuente: libertaddigital.com.ar
