SANTA FE – En una medida sin precedentes para frenar la ola de intimidaciones públicas que afecta a los establecimientos educativos, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe notificó la primera sanción económica millonaria a una familia. El monto exacto de la boleta de cobro es de $6.024.944.
Una respuesta contundente ante el caos
La decisión surge tras una investigación que identificó a un menor como responsable de una amenaza de "ataque masivo" contra su escuela. Al recibir la notificación, la reacción del padre del joven se volvió viral por su honestidad brutal ante las autoridades: "Cara la jodita", admitió el hombre al conocer la cifra que deberá afrontar.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que no se trata de una multa penal, sino de una acción civil de repetición. El objetivo es que el Estado recupere el dinero invertido en los despliegues de emergencia:
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Movilización de brigadas de explosivos.
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Despliegue de patrulleros y personal policial.
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Corte de calles y pérdida de horas de clase.
Los números detrás de la medida
La provincia tiene la intención de ir a fondo contra todos los responsables identificados. Según datos oficiales:
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73 sospechosos ya han sido identificados por casos similares.
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58 incidentes están bajo la lupa de la Fiscalía.
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$250 millones es el monto total que el Gobierno estima recuperar sumando todos los operativos realizados durante el último año.
"A medida que la Fiscalía valida las identidades, se emiten las intimaciones. El plazo para pagar es de cinco días; de lo contrario, el expediente pasa a la Fiscalía de Estado para el cobro por vía judicial", detallaron fuentes ministeriales.
El impacto en la comunidad
Esta política busca disuadir los "desafíos virales" y las bromas pesadas que han saturado el sistema de seguridad pública. Las autoridades recalcaron que, aunque los autores sean menores de edad y no punibles penalmente en algunos casos, la responsabilidad civil recae directamente sobre sus padres o tutores, quienes deben responder con su patrimonio por los daños y costos causados.
Con esta medida, Santa Fe se posiciona como una de las provincias con la respuesta más severa ante una problemática que, además de lo económico, genera una profunda angustia emocional en alumnos, docentes y familias.
