Siete candidatos pasarán por la Comisión de Acuerdos del Senado, que encabeza el libertario Juan Carlos Pagotto, para defender sus postulaciones al Poder Judicial. Varios de ellos buscan extender su vínculo con la Justicia luego de haber alcanzado el límite de 75 años de edad.
Se da luego de la sesión de la semana pasada, en donde se aprobaron 74 pliegos, incluido el de María Verónica Michelli, pese a que Javier Milei quería retirarlo.
Entre los postulantes está Leopoldo Jorge Rago Gallo, actual juez federal de San Juan, propuesto para continuar por otros cinco años al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de esa provincia. En una situación similar se encuentra Víctor Arturo Pesino, cuyo pliego es uno de los más cuestionados: el Poder Ejecutivo propuso extender su nombramiento como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.
Los otros cargos corresponden a María Claudia Jueguen, postulada como vocal de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Marina Edith Pisacco, propuesta para la Sala VI; Diego Javier Tula, para la Sala II; Diego Fernando Manauta, para la Sala V; y Claudio Fabián Loguarro, también propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Cuestionamientos a Pesino
La bancada justicialista, que lidera José Mayans, cuestiona el pliego de Víctor Pesino por su actuación en causas laborales sensibles. Uno de los planteos apunta a su rechazo a las presentaciones contra la reforma laboral impulsadas, en primer término, por la Confederación General del Trabajo (CGT). También lo cuestionan por la anulación de las elecciones del gremio de la UOM y el posterior dictado de la intervención del sindicato.
En el bloque de Mayans, tras reunirse con el desplazado secretario general de la UOM, Abel Furlán, señalaron: “Este ataque contra la UOM está claramente alineado con las políticas de industricidio desplegadas por la administración de Javier Milei, ya que en lo que va del actual gobierno se perdieron 25 mil puestos de trabajo en el sector y el poder adquisitivo del salario de los metalúrgicos se redujo en el orden del 20%”.
Pesino fue uno de los camaristas que firmó la intervención de la UOM y también integró el tribunal que rechazó el planteo de la CGT contra la reforma laboral. Para varios de los participantes de la reunión con Furlán, esas decisiones expusieron un presunto intercambio de favores entre el postulante y la administración central.
En ese encuentro, además, se sostuvo que “la medida judicial busca disciplinar y castigar a la conducción de la UOM por ser uno de los gremios que más viene enfrentando las políticas de ajuste y de destrucción de la industria promovidas desde el Poder Ejecutivo”.
La Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), que encabeza Matías Cremonte, también cuestionó el envío del pliego de Pesino al Senado. “El juez Pesino, luego de hacerle un gran favor al Gobierno del presidente Javier Milei al poner en vigencia la reforma laboral, pide al Senado la prórroga de su mandato. La abogacía laboralista en unidad les pide a las y los senadores que, por el bien de la Justicia, rechacen ese pedido”, señalaron desde la entidad.
Pesino integra la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y, como alcanzó los 75 años, su continuidad requiere un nuevo acuerdo del Senado. Ese trámite es resistido por asociaciones de abogados laboralistas y por sectores sindicales.
Otra de las observaciones al pliego fue presentada por el abogado laboralista Pablo Gastón Llopart, quien cuestionó la actuación de Pesino en una causa de un trabajador de 65 años, trasplantado renal, portador de sarcoma de Kaposi e internado de urgencia con tres stents mientras esperaba sentencia.
Según la denuncia, el magistrado tardó 18 meses en resolver el expediente sin solicitar la autorización de su superior, como exige el Reglamento para la Justicia Nacional. La sentencia que finalmente dictó fue confusa y derivó en que ambas partes pidieran aclaratorias el mismo día para saber qué había resuelto el tribunal.
Los considerandos del fallo proponían declarar válido el acuerdo indemnizatorio objetado por el trabajador tras su despido. Sin embargo, la parte resolutiva confirmaba la sentencia de primera instancia que lo había declarado nulo. Es decir, los fundamentos decían una cosa y el dispositivo, otra.
El fiscal general interino propuso declarar la nulidad de todo lo actuado y Pesino terminó firmando la nulidad de su propio fallo. El trabajador lleva nueve años desde el despido sin sentencia firme.
Reclamos gremiales
Mientras se realizan las audiencias en el Senado, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato, realizará este martes 9 de junio un paro en el Fuero Nacional del Trabajo y una movilización en defensa de esa jurisdicción.
La medida forma parte del plan de lucha contra el proyecto de transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno podría avanzar en los próximos días con el traspaso del fuero del trabajo de la órbita nacional a la porteña.
Desde la UEJN sostienen que la Justicia Laboral cumple un rol central en la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores. Además, advierten sobre las consecuencias institucionales que, a su entender, podría generar la concreción de la transferencia.
Pliegos sin dictamen
Pagotto todavía no logró construir las mayorías necesarias para que otros pliegos, aún frenados en la Comisión de Acuerdos, consigan las firmas suficientes para llegar al recinto. Se necesitan al menos nueve firmas.
Entre ellos están los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus presuntos vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Ambos magistrados cosecharon ocho firmas y están a una de alcanzar la mayoría requerida para que sus nombramientos queden en condiciones de ser tratados por el pleno del Senado.
En una situación más compleja aparece el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuestionado por la UCR y el PRO por su supuesta cercanía con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima. Su designación consiguió apenas tres firmas.
TN
