La Corte Suprema resolvió dos cuestiones centrales para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por un lado, dejó firme la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ) como organismo de control y, por el otro, rechazó la unificación de las causas contra la dirigencia en un juzgado “amigo” de Campana.
Los fallos representan un golpe durísimo para la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia y tienen interés para el Gobierno, que busca mantener bajo la órbita de fiscalización de la IGJ los movimientos, balances y disputas de domicilio de la entidad.
Sumado a eso, hay intereses por una reestructuración total del organismo rector del fútbol nacional. “El fútbol actual es el fiel reflejo de lo que era la política hasta que llegara Milei”, fue el mensaje más reciente publicado por el sector violeta sobre el tema, y hecho por el ministro de Economía Luis Caputo.
En el expediente por el cambio de domicilio de la AFA, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había dejado sin efecto resoluciones de la IGJ y del Ministerio de Justicia.
De esta manera, el organismo del Gobierno conserva sus facultades de fiscalización sobre la entidad.
La IGJ seguirá controlando a la AFA
La disputa comenzó luego de que la asamblea de la AFA aprobara en octubre de 2024 modificar el estatuto para establecer su domicilio social en la provincia de Buenos Aires. Con esa decisión se buscaba trasladar la inscripción de la entidad desde la jurisdicción porteña hacia la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
Sin embargo, la IGJ rechazó tanto la inscripción del cambio como la cancelación del registro nacional, luego de realizar inspecciones en la sede declarada en Pilar y señalar "graves irregularidades".
La Cámara había anulado la resolución 140/2026 de la IGJ y, como consecuencia, la resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, que establecía una veeduría sobre la AFA durante 180 días hábiles. Ahora, la Corte revocó ese fallo y sostuvo que el cambio de jurisdicción requiere completar la cancelación registral ante el organismo de origen.
Por eso, mientras ese trámite no se concrete, la AFA seguirá bajo la fiscalización de la IGJ. El máximo tribunal señaló que no puede existir un control simultáneo entre organismos de distintas jurisdicciones.
La Corte rechazó unificar las investigaciones penales
En otro de los expedientes, la Corte también rechazó el pedido para que una denuncia por administración fraudulenta se acumule a una investigación por lavado de activos que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay -con presuntos vínculos con el dueño del fútbol-.
Con esta decisión, se aparta al juez y la causa continuará en el juzgado nacional en lo criminal y correccional de Paula Petazzi, en lugar de pasar al tribunal que buscaba concentrar las investigaciones contra la cúpula de la AFA y el empresario Javier Faroni.
Además, el máximo tribunal resolvió que una denuncia por balance falso contra la dirigencia debe investigarse en el fuero penal ordinario, junto con la causa por administración fraudulenta, y no en el juzgado penal económico.
