Avanza la investigación judicial por el brutal femicidio de la docente rural Nancy Godoy, de 52 años, en la provincia de Corrientes. En las últimas horas, el abogado querellante Gustavo Briend brindó estremecedoras declaraciones públicas al sostener que la víctima "fue torturada", que estuvo cautiva y que "murió desangrada" como saldo de una agresión caracterizada por el sadismo.
Las revelaciones de la querella y el informe forense
Según detalló el letrado en medios locales, los indicios surgidos de las pericias preliminares sugieren que las múltiples heridas punzocortantes que presentaba el cuerpo fueron infligidas en distintos espacios temporales. Para Briend, esto evidencia un contexto de cautiverio previo:
"La cortaron a una hora, después la cortaron de nuevo en otro tiempo. Ahí es donde yo hablo del sufrimiento, de la tortura", indicó, al remarcar que en el hecho "hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona".
Por su parte, el informe del Instituto Médico Forense (IMF) confirmó que la maestra sufrió una muerte sumamente violenta, con lesiones cortantes en la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas algunas de ellas provocadas en vida, además de heridas defensivas y la mutilación de la mano izquierda.
Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, los peritos aún procuran determinar con exactitud la fecha del deceso y continúan recolectando muestras genéticas con el apoyo de especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y de Córdoba.
Imputados y líneas de investigación
La causa se encuentra a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, integrantes de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina. En el marco del expediente hay cinco personas detenidas:
- Ireneo Felipe Zarza (capataz de la estancia El Curupí), Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio.
- Rosa Leguizamón, quien alojaba a la docente durante sus jornadas laborales, acusada como coautora de homicidio simple.
- Ernesto Ezequiel Bordón (peón rural), imputado por falso testimonio.
Para el abogado de la familia, el capataz de la estancia operaba como el líder de un grupo organizado tanto para la ejecución del crimen como para el posterior encubrimiento y eliminación de rastros.
Mientras la fiscalía profundiza las pericias científicas para dar con la zona primaria donde se perpetró el ataque, los familiares y allegados continúan exigiendo justicia y el total esclarecimiento del caso.
