La compleja trama judicial en torno a la causa Exen sumó un nuevo capítulo de tensión tras el dictamen emitido por la Fiscalía Federal, que se opuso formalmente a la propuesta presentada por los extrabajadores para reactivar tres sucursales de la cadena de gimnasios en el Gran Resistencia. Ante este panorama, la representación legal de los empleados salió al cruce de la postura fiscal, remarcando que la iniciativa continúa en pie y que la decisión final recae estrictamente en la órbita de la Justicia Federal.
El cortocircuito judicial se originó luego de que trascendiera el dictamen del fiscal federal Patricio Sabadini en contra del plan operativo estructurado mediante la figura de un fideicomiso. Dicha propuesta técnica, contenida en un documento de más de 130 páginas, buscaba rescatar los puestos de trabajo y poner nuevamente en marcha los locales de Exen Illia, Santiago del Estero y Las Heras.
Los cuestionamientos de la defensa
Desde la querella y el sector que impulsa la reapertura manifestaron su desconcierto ante la forma en que se conoció la resolución. El abogado patrocinante señaló que hasta el momento no fueron notificados formalmente y que solo conocen los argumentos que circularon públicamente a través de los medios.
En la misma línea, la defensa subrayó puntos claves sobre el alcance del proceso:
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Dictamen no vinculante: Recordaron que la postura de la fiscalía representa una opinión jurídica, pero no posee carácter vinculante para la resolución definitiva del tribunal.
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Administración judicial y control: El plan original contempla un riguroso esquema de administración transparente, supervisión judicial constante y resguardo sobre el inventario y las maquinarias.
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Preservación del patrimonio: Los representantes insistieron en que mantener los equipos inactivos y depositados bajo llaves a lo largo del tiempo solo genera un acelerado proceso de deterioro que perjudica el valor de los bienes involucrados en la causa.
El trasfondo del conflicto y el futuro de las sucursales
La propuesta impulsada por los trabajadores apuntaba a generar una herramienta transitoria de actividad comercial y autogestión mientras continúa la investigación principal por presunto lavado de activos. Sin embargo, la discusión se mantiene abierta respecto a la viabilidad de explotar comercialmente bienes sujetos a medidas cautelares dentro de expedientes penales complejos.
Con el escenario planteado, la resolución definitiva quedó formalmente en manos de la jueza federal Zunilda Niremperger, quien debió evaluar los argumentos expuestos tanto por el Ministerio Público Fiscal como las demandas de los exempleados orientadas a proteger su fuente laboral.
