Tras el violento siniestro vial protagonizado este sábado por el diputado nacional Aldo Leiva en la Ruta Nacional 11, un dato oficial encendió la polémica y despertó duras críticas en el arco político y social: el automóvil Toyota Camry en el que circulaba el legislador no es de su propiedad, sino que figura legalmente registrado a nombre de la Municipalidad de General San Martín.
El accidente ocurrió alrededor de las 18:15 a la altura del kilómetro 1026, en inmediaciones de Colonia Benítez, cuando el vehículo oficial colisionó de frente contra un camión Scania. Si bien las pericias confirmaron que tanto Leiva como el chofer del transporte de carga resultaron ilesos y arrojaron resultado negativo (0,00 g/L) en los test de alcoholemia dispuestos por el Equipo Fiscal N° 15, la revelación sobre el origen del rodado abrió un fuerte interrogante sobre el uso de los bienes públicos.
Uso y manejo de recursos del Estado
La vinculación del vehículo con el municipio generó inmediatas reacciones críticas sobre la utilización de automóviles estatales por parte de funcionarios nacionales ajenos a la administración comunal local.
Mientras se aguardan explicaciones formales por parte de las autoridades municipales de General San Martín respecto a los motivos por los cuales un legislador nacional se desplazaba en un bien afectado al patrimonio comunal, el hecho suma un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos en la provincia.
