El Gobierno oficializó este viernes la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, que funcionará bajo la órbita de Cancillería y tendrá como objetivo coordinar las actividades internacionales de organismos nacionales que puedan afectar los intereses del país.
La medida fue establecida mediante el Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, e incluye una atención específica sobre cualquier gestión que pueda incidir en el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La decisión establece que los organismos alcanzados deberán informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto determinadas reuniones, comunicaciones, negociaciones y otras actividades que involucren a autoridades extranjeras, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional.
La obligación alcanza, entre otros casos, a las gestiones que puedan fijar o comunicar posiciones oficiales de la Argentina, incidir sobre negociaciones diplomáticas en curso o derivar en acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas o cartas de intención.
También deberán notificarse aquellas actividades que puedan generar consecuencias diplomáticas, jurídicas, institucionales o políticas para el país, comprometer los lineamientos de política exterior definidos por el Poder Ejecutivo o afectar directa o indirectamente la posición argentina sobre Malvinas.
El decreto remite al artículo 8°, inciso a), de la Ley 24.156 para determinar los organismos comprendidos. Esa categoría contempla a la Administración Central y los organismos descentralizados, incluidas las instituciones de seguridad social.
Cancillería podrá hacer advertencias sobre las gestiones internacionales
A partir de la información recibida, Cancillería podrá intervenir cuando considere que una actividad puede afectar los lineamientos de política exterior, las relaciones internacionales, negociaciones diplomáticas en curso o intereses internacionales de la Argentina.
En esos casos, el Ministerio estará facultado para formular advertencias y realizar recomendaciones u orientaciones debidamente fundamentadas.
Si la relevancia del tema lo justifica, esas observaciones podrán ser elevadas a la máxima autoridad del organismo involucrado.
Sin embargo, el decreto establece un límite concreto al nuevo sistema: la intervención de Cancillería no implica una aprobación o autorización de la actividad y tampoco reemplaza las facultades que correspondan a cada organismo.
La norma señala además que la coordinación no modificará la dependencia jerárquica, administrativa ni funcional de los funcionarios alcanzados.
Cada organismo deberá designar a una persona como “enlace” con Cancillería, que será responsable de canalizar la información y articular la intervención del Ministerio cuando corresponda.
En situaciones consideradas estratégicas o sensibles, también podrá solicitarse la participación de diplomáticos del Servicio Exterior u otros funcionarios especializados en política exterior.
El Gobierno puso una atención especial sobre las gestiones vinculadas con Malvinas
Uno de los puntos centrales del decreto es la referencia expresa a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que la defensa de los derechos de soberanía exige una acción estatal “coordinada y coherente” para evitar gestiones, declaraciones o posiciones que puedan afectar el reclamo argentino.
Por ese motivo, deberán ser informadas las actividades internacionales que involucren aspectos vinculados con esos territorios o que “pudieran incidir directa o indirectamente en la soberanía argentina”.
El Ejecutivo argumentó además que la creciente interacción de los distintos organismos nacionales con gobiernos extranjeros y entidades internacionales hace necesario fortalecer los mecanismos internos de coordinación para mantener una posición exterior uniforme.
La norma contempla algunas excepciones. Quedan fuera del sistema las gestiones ante organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo o entidades similares cuando se limiten exclusivamente a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o de ejecución de programas.
En tanto, la información sometida a regímenes especiales de reserva, confidencialidad o secreto seguirá regulándose por las normas específicas correspondientes.
El decreto fue firmado por Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti y Luis Caputo y entrará en vigencia este sábado.
Fuente: TN
