La localidad de General San Martín fue escenario de un nuevo desplante institucional protagonizado por el Diputado Nacional Aldo Leiva. En un acto que fue calificado como un "papelón" por los presentes, el legislador nacional intentó arrogarse facultades que no le corresponden, interfiriendo de manera violenta en una recorrida oficial del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV).
Fuera de su jurisdicción
A pesar de que su rol como Diputado Nacional está ligado a la labor legislativa en el Congreso, Leiva se presentó en el predio donde se reactivaron las obras de 160 viviendas para cuestionar de forma agresiva al presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea.
Testigos del hecho señalaron que Leiva actuó con un tono de "patrón de estancia", intentando imponer condiciones sobre una obra provincial que estuvo paralizada durante tres años bajo la gestión anterior y que ahora, finalmente, comenzaba su reconstrucción.
Un cruce que terminó con la policía
El nivel de hostilidad del legislador hacia los funcionarios provinciales y los trabajadores fue escalando hasta que la situación se volvió incontrolable. Ante el avasallamiento al trabajo de las autoridades, los responsables del IPDUV se vieron obligados a solicitar la presencia urgente de la Policía del Chaco para garantizar la seguridad del equipo y poder continuar con la jornada de trabajo.
Los puntos clave del escándalo:
-
Extralimitación: Un diputado nacional no tiene injerencia directa ni jerárquica sobre las obras ejecutadas por el IPDUV.
-
Bloqueo a la gestión: La reacción se dio ante el reinicio de viviendas que estuvieron abandonadas por 36 meses.
-
Escándalo público: La necesidad de intervención policial para frenar a un representante del pueblo en una obra pública.
La interna detrás del reclamo
Para muchos observadores, el accionar de Leiva responde a una resistencia política ante el avance de obras que su propio sector no pudo terminar. Al ser su hijo, Mauro Leiva, el intendente local, el diputado parece confundir el rol familiar y político con las atribuciones legales, intentando tutelar una jurisdicción que pertenece al Gobierno Provincial.
Mientras la justicia y la política analizan este nuevo exceso, el interrogante queda planteado: ¿Hasta cuándo los intereses personales de un dirigente pueden estar por encima del derecho de 160 familias a tener su techo propio?
