El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba y una auditoría a la AGN en la investigación por los créditos hipotecarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios, legisladores y personas con vínculos políticos.
Las medidas incluyen la recolección de documentación, como informes técnicos y datos bancarios, y fueron solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita cuando dictaminó a favor de impulsar las denuncias recibidas al respecto. Lijo pidió una auditoría a la Auditoría General de la Nación (AGN) para determinar si existieron beneficios indebidos en la concesión de esos préstamos en el Banco Nación.
El juez dispuso la entrega por parte del Banco Nación de los legajos completos de los créditos investigados, los registros de ingreso de los beneficiarios y las evaluaciones crediticias realizadas. También ordenó que se le remita un informe sobre los cambios normativos desde diciembre de 2023 y los mecanismos internos de aprobación de préstamos.
El juez Lijo pidió al Banco Nación que remita la “documentación física y digital completa relativa tanto a los legajos de cliente como a las carpetas correspondientes a los créditos hipotecarios otorgados, en el período comprendido entre diciembre de 2023 y la actualidad, con relación a: Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, María Frías y Alejandro Carrancio”.
Además, al hacer lugar a las medidas de prueba pedidas por la fiscalía, el juez requirió que la entidad detalle el “número total de créditos hipotecarios efectivamente otorgados, desde el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, a empleados y/o funcionarios de la administración pública nacional, de organismos descentralizados/autárquicos y/o legisladores nacionales, discriminándose la cantidad nominal de créditos y el monto dinerario insumido para ello”.
El Banco deberá aportar la documentación “que dé cuenta de la efectiva compra de los inmuebles, así como las constancias de evaluación crediticia, copia de las escrituras traslativas de dominio correspondientes, forma de pago de los montos abonados por el cliente, comisiones abonadas y demás constancias agregadas al legajo del cliente en el marco de dicho acto”, se detalló.
El magistrado reclamó además a la Jefatura de Gabinete y la Cámara de Diputados datos precisos sobre los cargos y roles de los beneficiarios. En las denuncias presentadas se sostuvo que algunos de los créditos de mayor magnitud fueron otorgados a personas que ya poseían bienes inmuebles previamente declarados.
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