En un fallo de alto impacto político para la provincia, la Justicia Federal dictó el procesamiento de la exsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, junto a otros exfuncionarios y particulares. La medida se da en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y fraude a la administración pública.
Los detalles del procesamiento
La resolución judicial alcanza también a figuras como Raúl John Paris, Cinthia Noemí Kaplan y Walter Hugo Ferreyra, quienes fueron procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude. Asimismo, María Luisa Artieda fue procesada como partícipe necesaria en las maniobras que perjudicaron al Estado chaqueño.
La investigación, que cobró impulso tras las denuncias por la cesión irregular de aproximadamente 3.000 hectáreas, apunta a un esquema de desapoderamiento de bienes públicos. Según el dictamen, se habrían fraguado expedientes y omitido controles para beneficiar a terceras personas, vinculando esta causa también con el dirigente "Tito" López, quien ya se encuentra bajo la lupa judicial.
Cargos y situación procesal
El fiscal federal Carlos Amad fundamentó el pedido de procesamiento basándose en una serie de delitos graves:
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Fraude en perjuicio de la administración pública.
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Abuso de autoridad.
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Negociaciones incompatibles con la función pública.
Además, se investiga la presunta incompatibilidad de cargos de Soneira, quien se desempeñó simultáneamente como presidenta del Instituto de Colonización y secretaria de Estado, lo que habría facilitado la firma de decretos y convenios para desmontes y beneficios económicos directos.
Impacto en la gestión anterior
Este avance judicial sitúa nuevamente bajo el foco a la administración del exgobernador Jorge Capitanich, cuya situación procesal también ha sido requerida por la fiscalía en el marco de esta misma red de adjudicaciones. La Justicia busca determinar si existió una organización destinada a lucrar con el patrimonio público a través de inspecciones inexistentes y adjudicaciones a familiares y empresarios allegados.
La causa continuará con la etapa de recolección de pruebas y las declaraciones indagatorias previstas para los próximos meses, mientras la actual gestión del Instituto de Colonización, encabezada por Ana María Canata, sigue aportando documentación sobre los expedientes cuestionados.
