Para poner freno a “la herejía y la inundación cenagosa de libros infectos”, en 1559 la Inquisición instituyó el primer Index Librorum Prohibitor, Índice de Libros Prohibidos.
La selección de libros “excomulgados” por la Iglesia Católica se había iniciado cuatro años atrás, en 1555.
Fue cuando el inquisidor general Gian Petro Carafa pasó a ser papa Pablo IV y creó una comisión dedicada a buscar libros “infectos” y ponerlos en una lista negra.
El Index fue calificado como “la mejor guía para identificar los libros más deseables”.
1.107 prohibiciones
Aquel primer Índice contenía 1.107 censuras, y perjudicaban no sólo a los escritores cuestiones religiosas, sino también a quienes escribían sobre otro tipo de temas.
Contenía, además, dictámenes relacionadas con “ediciones desautorizadas de la Biblia”.
El Vaticano no aceptaba versiones bíblicas en lenguas vulgares, esto es, en los idiomas del pueblo.
La impresión, lectura y posesión del texto sagrado en lengua vernácula estaba prohibida.
Razonablemente, esta arbitraria disposición eclesiástica era blanco de encarnizada oposición no solamente de parte de libreros y editores, sino también de parte de los mismos gobiernos debido a que el negocio de las impresiones les dejaba dividendo.
Ese libro que prohibía libros tuvo tantas críticas que, en 1564, tras el Concilio de Trento tuvo que publicarse una segunda edición, la cual no acalló a los opositores.
Siete años después (1571), se creó una comisión especial denominada “Congregación del Índice” para revisar esa segunda edición y diseñar una tercera.
Dicha comisión tenía tres autoridades con facultadas para decidir qué obras debían ser vedadas al público: la Congregación del Santo Oficio, la Congregación del índice, y un delegado pontificio denominado Maestro del Sacro Imperio.
La aparición de la tercera edición del Índice se demoró años por los conflictos de atribuciones y disparidad de criterios que surgieron en relación a quienes debían tener más autoridad en la materia: si los inquisidores o los obispos de cada lugar.
La tercera edición fue promulgada en el mes de marzo de 1596 por el papa Clemente VIII, pero su aplicación fue suspendida a petición del tribunal de justicia eclesiástica denominado Santo Oficio.
Recién comenzó a tener vigencia cuando en dicha edición se incluyó una proscripción más enérgica de la lectura de versiones bíblicas en las lenguas populares.
Libros “infernales”
Irónicamente, algunos libros se salvaron de ser incluidos en el Índice porque fueron colocados en el “infierno”.
Así se llamaba al apartado de las bibliotecas eclesiásticas donde se guardaban bajo llave las obras susceptibles de ser prohibidas.
La llegada del “Siglo de las Luces”, como se denomina al siglo XVIII, provocó la decadencia de esa tiránica institución, por lejos la más tremenda maquinaria represora que se haya levantado contra la libertad de imprenta y el derecho de expresión.
En determinado momento, empezó a tomar cuerpo la idea de que era el público y no Roma con sus prohibiciones el que debía decidir el mérito de las obras literarias.
El Índice fue perdiendo fuerza e importancia. En 1917, en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial, se disolvió la congregación que lo redactaba y mantenía al día.
Hace cincuenta y nueve años, en 1966, el Índice y sus retrógradas censuras dejaron de tener “valor de ley eclesiástico”.
