El fiscal Gerardo Pollicita pidió la inhibición general de bienes del ex presidente del Banco Nación (BNA) durante la última etapa del macrismo, Javier González Fraga.
La solicitud fue presentada en la causa que intenta determinar si las autoridades de la entidad financiera durante la última etapa de la gestión de Juntos por el Cambio cometieron un delito al permitir al grupo cerealero Vicentin acumular una deuda de $18.500 millones violando normativas que rigen la actividad bancaria.
Pollicita -que tiene delegada la investigación por parte del juez Julián Ercolini- firmó un duro dictamen en el que señaló que: “Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A y Algodonera Avellaneda S.A, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba.
A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.
Para el fiscal que investiga el caso Vicentin hubo una maniobra para perjudicar al Estado armada por ex funcionarios-políticos y de la línea del BNA y empresarios.
El dictamen de Pollicita se produjo como respuesta a un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) que es querellante en el caso y había solicitado la inhibición general de bienes de varios de los nombrados en la causa, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri.
El fiscal, en esa contestación, describió con lujo de detalles cómo se desarrolló la maniobra fraudulenta concentrada en los últimos meses del gobierno de Macri.
Y es por ello que pidió la inhibición general de bienes de González Fraga y de los ex directores Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose y Ercilia Antonia Nofal.
También del gerente general Juan José Fragati, de la subgerente general de Riesgo Crediticio, Susana Ojeda, el subgerente general de Banca Corporativa, Martín Enrique González, la subgerente Departamental de Soporte Crediticio, Maricel Moschini, los gerentes de la zonal Reconquista José Luis Testa y Luis María Restelli, los gerentes de la sucursal Reconquista Darío Giaccosa y Néstor Ariel Bled.
Solicitó la misma medida preventiva respecto de los empresarios Roberto Vicentin, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Herman Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli.
En el mismo dictamen Pollicita señaló que por el momento no hay datos en la investigación que impliquen a Macri, al ex presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris ni a los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli quienes no integraban los directorios de Vicentin. La UIF había pedido la inhibición general de bienes de ellos también.
El fiscal pidió la inhibición general para evitar que los imputados en el caso vendan sus bienes ya que “hemos visto los funcionarios involucrados cuentan con conocimientos técnicos que les permitirían desprenderse rápidamente de sus bienes, mientras que los empresarios y las sociedades poseen y forman parte de un conglomerado societario de numerosas empresas donde movilizar bienes o dinero, cuentan con una estructura de contadores, escribanos y abogados con capacidad para trasladar dinero, detentan medios económicos y financieros suficientes para costear maniobras que permitan esconder el patrimonio para evitar la acción de la justicia”.
INFOBAE