En principio los vecinos se mostraron conformes con la decisión oficial porque las estructuras precarias que albergaban verdulerías, gomerías y ladrillerías entre otros comercios, no solamente generaban un aspecto poco presentable en una de las zonas más transitadas y de mayor crecimiento demográfico en los últimos años en la ciudad, sino que también ocupaban lo que en principio fue pensado para ser un espacio público de paseo o recreación para los habitantes de la zona.

También planteaban los vecinos los daños que estos comercios ilegales provocan al fisco no pagando sus impuestos y “colgándose” del tendido de energía eléctrica con el peligro que esto significa ante la precariedad de las conexiones.

Resaltaban que la gran mayoría de los dueños de estos emprendimientos, como en el caso de una ladrillería, exhibían varios camiones de modelos muy nuevos lo que denotaba un poderío económico que distaba mucho de ser la actividad comercial un trabajo para solamente subsistir.

También ponían de ejemplo el caso de un verdulero que poseía un par de autos de alta gama y no se explicaban cómo seguía ejerciendo una actividad comercial sin pagar ningún tipo de impuesto y sin que ningún organismo del Estado se diera cuenta de lo que estaba a la vista.

 

Una solución a medias

La sorpresa de los vecinos llegó cuando los mismos puestos desalojados de la banquina de la avenida Soberanía Nacional se reubicaron al otro lado del Canal de dicha arteria, es decir unos 20 metros más al sur, trasladando el problema solamente un par de metros y volviendo a ocupar espacios públicos que en la mayor parte de los casos eran el único pulmón verde de una zona marcada por el crecimiento desordenado de viviendas.

Es decir que los comercios seguirán ejerciendo una actividad marcada por la ilegalidad, sin pagar impuestos, ocupando terrenos públicos, y utilizando el sistema de energía eléctrica sin pagar un solo centavo.

Es evidente que tampoco la solución es clausurar los comercios ilegales por la pérdida que podrían originar a las familias que indirectamente subsisten de la actividad, no de los propietarios que no tienen tapujo en mostrarse como verdaderos potentados; pero al menos deberían reubicarlos en terrenos que no estén destinados a espacios de recreación y obligarlos a competir dentro de un marco de legalidad con el resto de los comerciantes que día a día tributan cada uno de sus impuestos.

 

El papel de la justicia

Los vecinos también se preguntan cuál es el rol que cumple la justicia en este tema ya que la usurpación de tierras fiscales está a la vista de todos. Pidieron la intervención de algún estamento judicial de oficio, ya sea a través de un fiscal o un juez; o también la posibilidad de la intervención de la Defensoría del Pueblo, con el fin de terminar con esta metodología que se hizo común en la zona sur de la capital chaqueña.

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